Continúa el debate por el proyecto de ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social.
Ayer, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado realizó una segunda sesión sobre la materia.
Al finalizar la instancia, la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Goic (DC), invitó a los directores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de Fonasa, al igual que al superintendente de Pensiones, para que entreguen mayor información respecto de los datos y números de los trabajadores independientes.
“Creo que sería bueno que viniera el superintendente de Pensiones y nos pudiera ilustrar de los datos, ya que hay números en los informes de productividad y financiero, que cuesta entender. Nos hace falta como comisión tener ese panorama”, sostuvo la senadora.
Indicó que “sería interesante escuchar al director del Servicio de Impuestos Internos y al director de Fonasa, porque hay un tema de operatoria que también tiene que estar simulado respecto del proyecto”.
Luego de la presentación de distintas organizaciones públicas como la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de la Araucanía, la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la senadora Adriana Muñoz (PPD) hizo hincapié en que se necesitará más tiempo para la discusión del proyecto.
“Se complejiza el panorama porque estamos legislando para realidades muy distintas. Creo que vamos a tener que tener un tiempo, no es un tema que se pueda resolver con una suma urgencia”.
El presidente de la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de la Araucanía, Pablo Tapia, presentó algunas modificaciones que, a su juicio, debería hacerse a la iniciativa.
Algunos de los cambios son que el proyecto se inicie en 2020 con los ingresos adquiridos a partir del 1 de enero en adelante. “Es necesario que el Gobierno cumpla los compromisos que el Estado adquirió con los trabajadores y con el Congreso a través del Gobierno anterior”, precisó.
También que toda persona que tenga entre 50 y 55 años al 1 de enero de 2019, se le aplique una voluntariedad, la iniciativa actual lo establece a enero de 2012. “Para alguien que nunca ha cotizado para pensión, no tiene ningún sentido que lo haga los últimos diez años”, explicó Tapia.
Advirtió que la propuesta, “hace que el trabajador dependiente del Estado que trabaja con boleta de honorarios, vaya perdiendo desde $ 90 mil el primer año de aplicación de la ley, hasta $ 900 mil, en el último año de aplicación”.
El jefe de estudios de la ASECH, Tomás Silva, entregó algunas cifras, indicando que el 73% de los emprendedores está de acuerdo con una reforma previsional, sin embargo más de un tercio no cotiza. Silva afirmó que “un sistema tan complejo, la verdad es que hace mucho más difícil el proceso. El diagnóstico es que este tipo de iniciativas debiese ser más simple”.
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