La primera Administradora de Fondos de Pensión (AFP) en enfrentar una negociación colectiva bajo la nueva legislación laboral, que entró en vigencia en mayo pasado, es Provida.
En noviembre próximo, el sindicato administrativo de la gestora junto a la gerencia de la empresa deberán acordar un nuevo contrato.
De cara a ello, el proceso se encuentra en la etapa de definiciones de servicios mínimos, tal como lo establece la nueva ley.
La compañía ya hizo llegar a los sindicatos administrativo y comercial su propuesta a comienzos de este mes, y esta semana los trabajadores hicieron lo propio.
Adicionalmente, la unidad sindical de operaciones, que representa a unos 500 empleados, solicitó ayer, a través de una carta al gerente de Recursos Humanos de la AFP, Marco Rivera, más información para ajustar su propuesta al respecto.
La idea es obtener antecedentes completos acerca de la dotación de personal de los distintos departamentos, agencias, unidades y sector comercial que componen la administradora, con el objetivo de tener a cabalidad el escenario de la cantidad de trabajadores vigentes en la actualidad.
Según los estados financieros de la empresa, correspondientes al primer trimestre de 2017, en un año el número de trabajadores de Provida creció de 1.960 a 2.446, mientras que su planta de vendedores pasó de 771 a 870.
Diferencias
Pese a que el sindicato requirió de Provida más información para profundizar su propuesta de servicios mínimos, con la primera respuesta de los trabajadores ya se revelaron algunas diferencias con la administración de la AFP.
Por ejemplo, desde la organización sindical rechazaron la idea de la administradora de contar en huelga con personas que estén ejerciendo labores de atención telefónica, pues creen que “no es indispensable para que los afiliados reciban su pensión, ya que ese trabajo solo trata de dar información”.
Sin embargo, y pese a las diferencias que han quedado demostradas, fuentes conocedoras del proceso indican que un acuerdo no se ve muy lejano, ya que “la administración actual ha mantenido buenas relaciones con los trabajadores”.
Además, señalan que entre ambas partes consideran mejor alcanzar un acuerdo a que la decisión final sobre los servicios mínimos recaiga en la Dirección del Trabajo (DT), entidad que, según fuentes cercanas al proceso, “no conoce las necesidades de la empresa”.
Con todo, la DT, como ha hecho con varias otras empresas de distintos sectores y servicios, ya ha obtenido información referencial acerca de la industria previsional con la Superintendencia de Pensiones, bajo la idea de tener más antecedentes a la hora de tener que dirimir eventualmente determinados servicios mínimos de cada AFP.
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