Las zonas francas, también conocidas como Zonas Económicas Especiales, tienen más de un siglo de historia en América Latina. Uruguay fue el primer país en adoptar este régimen en 1923.
Actualmente, en la región operan cerca de 800 zonas francas. Honduras concentra más de 150 recintos y Colombia supera los 120.
En total, más de 10 mil empresas están instaladas bajo este régimen, siendo Chile –a través de la Zona Franca de Iquique– y Panamá –con la Zona Libre de Colón– los que reúnen la mayor cantidad de compañías, con 2.214 y 2.337 respectivamente, según datos de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).
Por ello, varios mercados están avanzando en medidas para crear nuevas zonas libres de impuestos, argumentando que impulsan el comercio y que atraen inversiones que, a su vez, activan el crecimiento de las localidades donde están ubicadas.
En conversación con DFSUD, el director ejecutivo de AZFA, Julio Rodríguez, sostuvo que “en el último año, las inversiones en la región habrían alcanzado unos US$ 48 mil millones”.
Y explicó que con estos desarrollos, los gobiernos persiguen tres objetivos centrales: generar empleo, potenciar el comercio exterior y atraer inversión tanto local como extranjera.
Incluso destacó que, en algunos casos, las zonas francas pueden representar hasta 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese es el caso -dijo- de Costa Rica, por ejemplo, mientras que en El Salvador la cifra gira en torno al 10%.
Considerando el peso en términos de exportaciones, Rodríguez detalló que varía según cada mercado. “En El Salvador es un 74% de los envíos totales del país, mientras que en Costa Rica hablamos del 65%; en República Dominicana del 62%; y en Uruguay cerca de 54%”, comentó.
Según AZFA, por cada dólar que un Estado deja de percibir por beneficios tributarios, la economía recibe US$ 7 adicionales en actividad.
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Tendencias y desafíos
En medio del escenario económico global y regional, la asociación está buscando posicionar a las zonas francas como figuras que van más allá de ser parques industriales, apostando a consolidarlas como ecosistemas de competitividad.
Para ello, se han delineado cuatro pilares estratégicos hacia el futuro: la infraestructura de alto nivel, tanto física como digital; el acceso al talento humano calificado, dado que cada vez concentran industrias más especializadas; la sostenibilidad; y la seguridad y ciberseguridad, para garantizar comercio lícito y confiable.
Rodríguez añadió que la tecnología aduanera será clave para el control y la trazabilidad. En esa línea, varios países se han dispuesto a desarrollar proyectos de data centers dentro de las zonas francas, buscando transformarse en hubs regionales.
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¿Qué pasa en Perú?
Uno de los mercados que más ha evolucionado en el último año ha sido Perú, donde se están impulsando al menos 23 proyectos para crear nuevas zonas económicas especiales y francas. Sin embargo, la ley marco para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) permanece en discusión en el Congreso.
Según Rodríguez, el país “está haciendo esfuerzos para modernizar la legislación” y transitar desde las actuales Zonas Económicas de Desarrollo (ZED), como Paita y Cajamarca, hacia un régimen más estandarizado y competitivo.
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Beneficio del panorama arancelario
Una tendencia global que ganó fuerza tras la pandemia es el friendshoring, que busca relocalizar producción en países con condiciones políticas y comerciales estables.
Eso sí, el ejecutivo recordó que el escenario mundial ha venido cambiando, presionado por las medidas arancelarias fijadas en lo que va del año por el Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos.
A su juicio, dicho arancel ha favorecido a gran parte a Latinoamérica. “Esto abre una gran oportunidad para la región en materia de nearshoring y friendshoring, sin dejar de lado los socios comerciales ya existentes”, afirmó.
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