Con nombre y apellido. Así podrán realizar los aportes al proceso de reconstrucción las empresas y sociedades si el gobierno finalmente visa una de las ideas que se baraja con mayor fuerza para modificar la Ley de Donaciones, iniciativa que dará a conocer la próxima semana el gobierno.
Es que la reunión que sostuvo la semana pasada el presidente Sebastián Piñera con las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) fue clave para determinar las opciones que baraja el Ejecutivo.
Esto, porque el mandatario explicó a los representantes del empresariado que los ajustes a la norma van en la dirección de "vincular a empresas con obras específicas que estén dentro de la prioridad del gobierno", según comentó el timonel de la CPC, Rafael Guilisasti.
Este aspecto es fundamental para el empresariado. De hecho, en el encuentro que sostuvo el secretario ejecutivo del Comité de Reconstrucción, Cristóbal Lira, con los dirigentes de la Sofofa el 17 de marzo, estos últimos hicieron hincapié en el interés de los empresarios de realizar aportes a la reconstrucción, pero principalmente a proyectos concretos a nivel educativo. Y es que la actual Ley 19.885 señala que las donaciones deben ser dirigidas a programas de corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, aspecto que no asegura el destino de los recursos a las obras que los privados buscan financiar, advierten.
Para el experto tributario, Franco Brzovic, socio de Pérez Donoso, "hay muchas personas y empresas que prefieren controlar que los fondos vayan 100% a la construcción de un colegio o institución, sin embargo la ley vigente no resuelve ese tipo de situaciones. De ahí que éste podría ser uno de los temas centrales del proyecto que enviará el gobierno".
Respecto del manejo de los recursos, el jurista propone la creación de un fondo que, por ejemplo, se preocupe de contratar a la empresa que construya una escuela donada por una determinada empresa y vigile el destino de los recursos.
Otro de los aspectos que, de acuerdo a Brzovic, debe abordar la iniciativa que enviará la próxima semana el gobierno es el límite global de 5% de la renta líquida imponible, para rebajar como gasto. A su juicio, el señalado tope no debería aplicarse para ningún tipo de donación durante los años que se prolongue el proceso de reconstrucción.
Esta postura es compartida por el socio director de Tax&Legal de Deloitte, Pablo Vera, y el socio de Servicios Tributarios de Ernst&Young, Rodrigo Hernández.
Más en detalle, Vera explica que con la Ley 19.885 de 2003 "se restringieron una serie de donaciones respecto de diferencias materias, por ende los cambios deben apuntar a modificar esa norma".
El experto explica que la Circular 19 (ver recuadro) emitida el 5 de marzo por el Servicio de Impuestos Internos (SII) "sólo parchó una situación específica con motivo del terremoto".
En tanto, Hernández enfatiza en la necesidad que "los cambios consideren la opción de realizar aportes tanto en dinero como en especies, ya que actualmente la ley no considera esta opción".
Otro de los temas que plantea el jurista es que en los casos donde las donaciones superen el límite de 5% no exista una multa. Esto, explica, porque actualmente "existe un castigo del pago de impuesto por gasto rechazado y eso finalmente desincentiva las donaciones, pues finalmente los donantes deben incurrir en un gasto adicional por haber realizado un mayor aporte".
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