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Alto contrasteLos nuevos desafíos tras la Ley de Desalinización
EDUARDO BITRAN Académico facultad de ingeniería Universidad Adolfo Ibáñez
Eduardo Bitran
Luego de ocho años de tramitación, se publicó la nueva Ley de Desalinización, que introduce cambios relevantes en la regulación hídrica del país. El proyecto, originado en el Senado, busca enfrentar la creciente escasez hídrica derivada de la crisis climática y facilitar el desarrollo de proyectos multipropósito y multiusuario, reduciendo la duplicación de infraestructura y los impactos ambientales.
Hasta ahora, la mayoría de los proyectos de desalinización se han desarrollado bajo esquemas de integración vertical y uso exclusivo, especialmente en minería. Ello ha generado redundancias en plantas, ductos e impulsiones, desaprovechando economías de escala y elevando tanto los costos como las externalidades ambientales.
“La estrategia nacional debiera incorporar también proyectos de reutilización de aguas servidas tratadas, que en muchos casos permiten soluciones ambientalmente más sustentables y significativamente más económicas”.
La nueva ley crea una concesión especial de desalinización, adicional a la concesión marítima otorgada por Directemar. Esta nueva concesión, otorgada por el Ministerio de Defensa con informe vinculante de la Dirección General de Aguas (DGA), permitirá constituir servidumbres para ductos e infraestructura asociada, reduciendo riesgos y costos para desarrolladores que no poseen concesiones sanitarias. Asimismo, la ley encarga a la DGA la responsabilidad de la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización, coordinada con diversos ministerios y gobiernos regionales.
Sin embargo, organismos como el Banco Mundial y la OCDE han advertido desde hace años la necesidad de avanzar hacia una gobernanza hídrica más integrada. Chile mantiene una institucionalidad extremadamente fragmentada, con superposición de funciones regulatorias, ambientales y de planificación. Existe el riesgo de que la nueva ley, al incorporar nuevas atribuciones y exigencias de planificación a la DGA, aumente la complejidad de los procesos de aprobación si no se fortalecen simultáneamente las capacidades de coordinación institucional.
Además, abordar la seguridad hídrica únicamente desde la desalinización resulta insuficiente. La estrategia nacional debiera incorporar también proyectos de reutilización de aguas servidas tratadas, que en muchos casos permiten soluciones ambientalmente más sustentables y significativamente más económicas.
Un ejemplo es el reciente proyecto adjudicado por Econssa en Antofagasta para reutilizar 900 litros por segundo de aguas servidas tratadas, abasteciendo en forma multiusuario a cuatro empresas mineras mediante infraestructura compartida. El costo estimado equivale aproximadamente a la mitad de un proyecto integrado verticalmente de desalinización. Se trata probablemente del mayor proyecto de reúso de aguas servidas para minería en América Latina.
La concreción de este tipo de iniciativas enfrenta altos costos de transacción, riesgos regulatorios y potenciales litigios ambientales. En este contexto, uno de los aspectos más valiosos de la nueva ley es el fortalecimiento del rol de Econssa como articulador de proyectos de desalación y reúso multipropósito y alianzas público-privadas.
Chile requiere avanzar hacia una institucionalidad hídrica más integrada, con capacidades efectivas de planificación nacional y de cuencas, coordinación interinstitucional y priorización de inversiones. La nueva ley constituye un avance, pero todavía insuficiente para enfrentar de manera sistémica la magnitud de la crisis hídrica. Su principal mérito es abrir espacio a un modelo donde el Estado, a través de una empresa pública especializada, actúe como facilitador de inversión privada, reduciendo riesgos y promoviendo infraestructura compartida y soluciones multiusuario de menor costo económico y ambiental.
