El 23 de abril de 2025, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, daban a conocer un plan inédito ante el amplio incumplimiento de las metas fiscales del Ejecutivo, que en 2024 registró un déficit estructural de 3,3% del PIB, muy lejano del 1,9% del Producto que era la meta.
Se trataba del plan de acciones correctivas para evitar que el año pasado se repitiera la situación; y que, entre otras medidas, contemplaba un fuerte recorte del gasto público por cerca de US$ 2 mil millones.
Pese a lo anterior, el déficit estructural volvió a estar por sobre lo proyectado: 3,6% del PIB versus el objetivo de 1,6%.
El inédito esquema de acciones correctivas es parte de las nuevas exigencias que tiene el Fisco para no apartarse sin mayor justificación de la regla fiscal, vigente desde el 14 de agosto de 2024 a través de cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Para hacer operativa esa mayor rendición de cuentas, la nueva ley establece que el Ministerio de Hacienda emitirá un reglamento que norme las causales que permiten a la autoridad desviarse temporalmente de su objetivo fiscal, el contenido del plan correctivo y un set de medidas de transparencia y accountability al respecto.
Dicho documento fue ingresado a la Contraloría General de la República para su toma de razón recién el pasado 30 de enero por el entonces ministro de Hacienda -y sucesor de Marcel-, Nicolás Grau. Sin embargo, el pasado 18 de marzo, la nueva administración, encabezada por Jorge Quiroz en Teatinos 120, retiró el texto de cinco páginas.
¿La razón? “El decreto fue retirado con el propósito de realizar una revisión más exhaustiva de su contenido. Se trata de un proceso de análisis interno que busca asegurar la correcta comprensión de sus alcances. El documento a la fecha se encuentra en tramitación para luego ser revisado por la Contraloría”, explicaron oficialmente en Hacienda, desde donde adelantaron que el documento se reingresará a tramitación en el órgano de control en los próximos días.
El reglamento fue ingresado a la Contraloría el 30 de enero de este año por el gobierno de Gabriel Boric.
Contenido clave
La importancia del citado reglamento radica en que aterriza operativamente cómo debe el Fisco hacerse cargo del incumplimiento de sus metas presupuestarias.
Por ejemplo, el reglamento establece que el gobierno deberá realizar revisiones intermedias del nivel de cumplimiento de sus metas, que son definidas a través del decreto de política fiscal emitido en los primeros 90 días de mandato.
Así, el Fisco deberá hacer la evaluación al segundo año de su gobierno y al final de su mandato, donde deberá incluir la comparación entre sus proyecciones y los resultados efectivos y si hay consistencia con el ancla de la deuda bruta establecida en el decreto fiscal. También, incorpora evaluaciones a la metodología utilizada por el Fisco.
También, el reglamento define que el ministro de Hacienda podrá desviarse temporalmente y hasta por dos años de las metas fiscales solo en base a eventos “excepcionales y transitorios”, ajenos al propio actuar de la administración y que ocasionen un deterioro “significativo” en la actividad económica, el empleo o perjudiquen “considerablemente” la situación financiera o la sostenibilidad económica y/o social del país y que deban ser enfrentadas con un desembolso de recursos fiscales “más allá del que permitan los objetivos de balance estructural y endeudamiento”.
El 18 de marzo, la nueva administración en Hacienda retiró el texto de la Contraloría para revisarlo.
Estos se entenderán como la ocurrencia de uno o más desastres naturales; y eventos nacionales o internacionales que ocasionen un “deterioro significativo” de las condiciones macroeconómicas.
Acto seguido, el reglamento también califica las “otras causales extraordinarias” que permitirían el desvío de las metas, definiéndolas como las situaciones imprevistas, distintas de las dos ya mencionadas y que hagan necesario adecuar la meta de balance estructural y/o el ancla de deuda bruta del Gobierno Central, las cuales deberán encontrarse “suficientemente fundadas” en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) posterior a la materialización del incumplimiento.
Otra novedad del documento es que dicta que el plan de acciones correctivas debe contemplar gastos, ingresos y activos del Gobierno Central.
Finalmente, el citado texto plantea que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) deberá emitir su opinión respecto al cumplimiento de los criterios de activación de la cláusula de escape o de las otras causales extraordinarias que ameriten la modificación del decreto de política fiscal, en un plazo máximo de 30 días luego de la publicación del nuevo decreto.
En 2024 se reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal, subiéndole la vara al Fisco por el incumplimiento de sus compromisos presupuestarios.
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