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Alto contraste
Fernando Barros
No causa extrañeza el que día a día crezca el agobio regulatorio al mundo empresarial de parte de quienes, en definitiva, viven de los impuestos que pagan las empresas. Se cree, erróneamente, que la resistencia del mundo empresarial es ilimitada y que se pueden imponer cargas y más cargas sin afectar la capacidad de generación de empleo y riqueza.
Se requieren varias ediciones de este medio para incluir todas las regulaciones de carácter legal, reglamentario e instrucciones de organismos y demás autoridades que recaen sobre la empresa. En nombre de convocantes conceptos, como la inclusión, la igualdad, la no discriminación, el medio ambiente, los pueblos originarios, etc. se utiliza la empresa para imponer agendas ideológicas o congraciarse con el electorado.
“Se cree que la resistencia del mundo empresarial es ilimitada y que se pueden imponer cargas sin afectar la capacidad de generación de empleo y riqueza”.
Hay abundante evidencia de los costos, conflictividad, pérdida de productividad y eficiencia, que generan, especialmente a empresas de menor tamaño, la Ley Karin, las interminables exigencias de nuevos procesos, obligaciones de capacitaciones, manuales y reportes asociados a la UAF, la CMF, el SII y un sinnúmero de organismos, que en muchos casos pareciera que buscan justificar su existencia, incrementando día a día las exigencias que deben cumplir empresas de cualquier tamaño para desarrollar su quehacer empresarial, con lo que se hace cada día más pesada y onerosa la, de por sí, compleja función de ser empleador y generar trabajo en Chile, sin caer en la tramposa normativa desperdigada en la densa fronda reguladora.
Los gobiernos requieren congraciarse con los electores y a los parlamentarios les urge estar en la retina y oído de sus votantes, y dado que ello resulta difícil cuando irrogue gasto, pues está sujeto a restricciones en cuanto a su iniciativa y a mayor escrutinio, por lo que se les hace necesario hacer recaer el costo, que siempre las medidas populistas representan, en quienes requieran de alguna acción del Estado para desarrollar sus actividades. Así, se llega a las masas invocando derechos superiores, repartiendo presunto bienestar, sin referirse siquiera a los costos asociados y quien los asume, y menos a los derechos de terceros que se pasan a llevar.
En la valiosa empresa de entregar educación de mejor nivel que la que provee el Estado, hay entidades que desarrollan su proyecto en base a un acuerdo con los padres, que son, en definitiva, sus clientes, quienes asumen un compromiso de financiamiento compartido que permite desarrollar el proyecto educacional. Ahora la autoridad, por la vía interpretativa y contrariando su visión anterior y la jurisprudencia de la Corte Suprema, establece que la mora del apoderado contratante no solo no habilita al establecimiento para dejar de prestar el servicio durante el año escolar, sino que ahora le queda prohibido no renovar la matrícula al año siguiente salvo, únicamente, que se trate de un no pago abusivo y sin justificación. Así, el costo de asegurar la continuidad educacional de los jóvenes se hace recaer en los establecimientos que están estructurados en el financiamiento compartido, cambiando las reglas en base a un presunto criterio superior que, según la misma autoridad, no es aplicable a los colegios particulares pagados, lo que confirma el carácter de una abusiva imposición administrativa por el hecho de recibir aporte estatal.
