Incertidumbre, el principal riesgo de la Constitución

MAURICIO VILLENA

Quizás el principal daño a la economía por el proceso constitucional, y que posiblemente quedará como herencia, es la incertidumbre generada respecto de las normas que regulan la actividad privada en la economía, principalmente los derechos de propiedad. No sólo cómo se definirá el pago de futuras expropiaciones a privados, sino también sobre la propiedad de activos e insumos claves, como territorios, recursos mineros e hídricos, propiedad industrial; y sobre el rol de la actividad privada en sectores como la minería, salud y la previsión social, que tienen en alerta a estas y otras industrias, como la agrícola, forestal, las prestadoras de salud, administradoras de fondos de pensión, etc.

No clarificar estas normas es arriesgar años de baja inversión, la cual requiere claridad institucional y certezas jurídicas que garanticen estabilidad a los mercados. Cabe entonces preguntarnos: ¿qué impacto tiene toda esta incertidumbre en Chile y cómo puede responder la autoridad económica?

“Siempre existe incertidumbre, pero un aumento como el actual puede distorsionar la capacidad de los agentes económicos para tomar decisiones prospectivas”.

Muchos trabajos empíricos demuestran que el aumento de la incertidumbre tiene efectos negativos en la economía (Christiano et al, 2014). Muchas decisiones económicas se toman en base a resultados esperados: las empresas invierten en función de la demanda esperada y los inversores innovan en función de ganancias esperadas; para ello, los individuos deben formarse una opinión sobre cómo podría ser el futuro. Siempre existe incertidumbre, pero un gran aumento como el que estamos experimentando en Chile puede distorsionar la capacidad de los agentes económicos de tomar decisiones prospectivas.

El principal canal por el que los economistas piensan que el aumento de la incertidumbre afecta a la economía suele resumirse como “el valor de opción de la espera” (Dixit y Pindyck, 1994): cuando el futuro parece más incierto, tiene sentido postergar las decisiones importantes. Así, las empresas retrasarán sus proyectos o aplazarán las contrataciones hasta que la trayectoria futura de la economía esté más clara. También pueden frenar la reasignación de recursos a usos más productivos por razones similares.

El canal financiero también puede retroalimentar los efectos sobre empresas y hogares. Mayor incertidumbre se asocia a mayor riesgo, por lo que los inversores exigirán mayor compensación para sus préstamos, incluyendo las inversiones en empresas. Así, el aumento de la incertidumbre encarece la inversión, más allá del alza de tasas que ya estamos viendo, lo que probablemente reducirá aún más la actividad económica.

Todo esto debería preocupar a las autoridades económicas del país. ¿Qué hacer?

Lo principal es reconocer los riesgos para la economía de ciertas normas aprobadas por la Convención, y reducir la incertidumbre política tanto como sea posible. En este sentido, objetivos claros, políticas económicas basadas en evidencia y respeto a los principios básicos que rigen los mercados son clave para orientar la reacción ante el resultado del plebiscito, por ejemplo, y ante eventuales mejoras que deban realizarse a futuro a la nueva Constitución.