Hugo Lavados
La relación entre políticas públicas e innovación tiene, al menos, dos miradas: una es cómo se facilita, promueve y fortalece la innovación; la otra es la innovación de las políticas públicas mismas. En ambos casos, innovar debiera entenderse que se refiere a optimizar y modificar procesos productivos y productos, lo que se logra introduciendo tecnologías, que pueden ser muy simples. En Chile para la generación e implementación de innovación en políticas públicas, es de gran importancia la incorporación a la OCDE, ya que al tener acceso sistemático a las mejores prácticas internacionales, se puede comparar los programas públicos con un conjunto de benchmarks que reflejan las mejores prácticas internacionales.
Las políticas sobre innovación deben considerar que ellas requieren capitales para mejorar la capacidad de los recursos humanos, en maquinaria y equipos, en infraestructura, en producción de bienes públicos y, muy especialmente, en hacer investigación científica, tecnológica y para desarrollo de productos y mejorar procesos. Al final, innovar es aplicar conocimientos para elevar la productividad, lo que hace indispensable que esa aplicación sea de interés para las empresas.
Eso, que es muy elemental, no siempre está presente en el diseño de políticas públicas ni en quienes proponen proyectos. Es frecuente que se diga: "las actividades de I+D+i son una inversión, no un gasto", confundiendo el efecto positivo futuro con las necesidades presentes de financiamiento; aunque sea ingrato reiterarlo, la investigación, la educación, la atención de salud, etc. son inversiones, pero los recursos públicos que se necesitan hoy son un gasto.
En la actualidad presenciamos una cierta confusión al respecto, con diversos organismos, sin líneas conductoras ni criterios para priorizar. Un ejemplo es el Consejo de Innovación para la Productividad, creado hace una década, todavía sin normas legales, que definiría la estrategia de la acción del Estado en materia de Innovación y Desarrollo, que planteó focalizar esfuerzos en los llamados "clusters". Desde 2010 no se conoce actividad importante de este organismo.
La institucionalidad del sector público siempre es relevante. Indica la importancia asignada a un tema y define la forma en que se asignan los recursos que, a su vez, es determinante de la eficacia de los programas financiados.