La semana que acaba de concluir podría denominarse como un bautizo de fuego para Jorge Trujillo, el ingeniero civil industrial que el pasado 25 de marzo asumió como director del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El lunes el directivo tuvo su debut en sociedad ante el Congreso, al participar en una acotada presentación en la comisión de Hacienda de la Cámara sobre los aspectos tributarios del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional del Ejecutivo.
Quienes estuvieron presentes en la cita en Valparaíso señalan que, al iniciar la sesión, entregó un comentario que podría definirse como su declaración de principios, dando cuenta también de la prudencia con la que buscará ejercer el cargo: que al SII no le corresponde pronunciarse sobre la política tributaria, sino que aplicar la Ley al pie de la letra.
Y, por lo mismo, dicha cautela se expresó en que cedió la palabra al subdirector de Normativa, Simón Ramírez, para que detallara los artículos del proyecto con implicancias para el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. Trujillo se mantuvo observando durante gran parte de la sesión.
Luego, el miércoles participó -ante una audiencia más amplia, de cerca de 4 mil invitados- en el Chile Fintech Forum 2026 en Espacio Riesco, donde entregó algunas definiciones claras, como que buscará reforzar el cumplimiento tributario colaborativo con el mundo tecnológico, donde también dio cuenta de los avances en materia de análisis de datos que ha registrado la institución, y destacó que la interoperación con otros organismos públicos y privados es “fundamental”.
Con algo más de un mes encabezando el buque que significa el SII -con cerca de 5.000 funcionarios y sedes en todas las regiones del país-, el ingeniero ha dado continuidad a políticas y el ritmo que le imprimieron antecesores como Carolina Saravia y Javier Etcheberry: mucha gestión y micromanagement, un ritmo intenso -a ratos, frenético, aunque con un buen trato-, mucho uso de la tecnología, colaboración con el sector privado y una mayor coordinación con los distintos organismos del Estado, especialmente a la hora de combatir el crimen organizado y los delitos tributarios.
El impuesto territorial
Trujillo, quien comienza sus jornadas cerca de las 8 horas de la mañana y abandona el servicio a lo menos 12 horas después, sabe que uno de los “fierros calientes” que deberá tomar será el cambio metodológico en el cálculo de los avalúos de bienes raíces, que en última instancia derivan en el cobro del impuesto territorial.
El Congreso aprobó a inicios de este año una Ley que permitió postergar en un año el avalúo de las propiedades no agrícolas, por lo que entrará en vigencia el 1 de enero del 2027, dando espacio a que el SII y una serie de organismos técnicos acuerden ajustes para hacer más transparente y entendible el proceso mediante el cual se define el avalúo de propiedades y el cobro de las contribuciones.
Este trabajo es absolutamente ajeno a la discusión sobre la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores que está incluida en la ley de reconstrucción y reactivación hoy en el Congreso.
En los últimos días, el directivo definió darle continuidad a ese trabajo que se inició a mediados del año pasado. Así, Trujillo prepara para este mes una convocatoria al panel de expertos que trabajó en modificaciones metodológicas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
El ingeniero ha transmitido interna y externamente que tiene una alta valoración del trabajo desarrollado por esa instancia y que espera que sus resultados y acuerdos se traduzcan en un documento con recomendaciones para el debate técnico.
El panel lo componen la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM); la Asociación de Municipalidades de Chile (AmuCh); el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch); el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT); la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; el Centro del Patrimonio y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, ambos de la Universidad Católica; el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez; y la Universidad Técnica Federico Santa María.
El tema es prioritario también a nivel político. La semana pasada, Trujillo envió un oficio a la comisión de Hacienda de la Cámara para solicitar fecha para agendar una reunión con los legisladores para tratar, entre otras materias, el recálculo de los avalúos fiscales; la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario; los niveles de evasión en el país y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización. También se reunió de forma telemática con el diputado de dicha comisión, Diego Schalper (RN).
Concursos para subdirecciones
Otra prioridad que ha definido Trujillo en este primer mes ha sido la convocatoria en Alta Dirección Pública (ADP) para definir una serie de cargos vacantes en subdirecciones claves del organismo.
Al asumir el cargo, el directivo le pidió la renuncia a los titulares de Contraloría Interna, Jurídica y Asistencia al Contribuyente, que se suman a las vacantes previas en la Dirección de Grandes Contribuyentes y la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios.
Este último concurso ya está en marcha en el Servicio Civil y su primera etapa se cierra justamente este lunes 11 de mayo.
Para los restantes, se está trabajando en forma coordinada con el Servicio para abrir prontamente las convocatorias.
Reuniones y mayor coordinación
Quienes se han reunido con Trujillo en este intenso primer mes enfatizan de que es llano a escuchar y que no le niega reuniones a nadie, siempre y cuando sean a través de Ley del Lobby.
Muestra de lo anterior es la intensa agenda de reuniones que ha sostenido la autoridad: Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Casinos de Juego, el Colegio de Contadores, Red de Alimentos, Mercado Libre, FinteChile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el Consejo Minero, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y el Instituto Chileno de Derecho Tributario (Ichdt), por citar algunos.
Pero también ha sostenido reuniones con autoridades del Estado para coordinar esfuerzos en el combate al comercio informal y los delitos tributarios, como la Defensoría Penal Pública, la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, y de Huechuraba, Maximiliano Luksic, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.
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Sebastian Valdenegro
