La tramitación del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados marcó un hito.
En menos de un mes, el texto -que implica cambios de fondo en materia tributaria, laboral y medio ambiental- se despachó desde la Corporación al Senado, tras maratónicas sesiones en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo y una aprobación fugaz de dos días en la Sala.
Ahora, el Ejecutivo se prepara para una tramitación en la Cámara Alta que será más larga de lo anticipado, aunque equilibrando dos consignas: avanzar con rapidez, pero buscando acuerdos. Esto último, siempre que haya disposición a negociar.
A diferencia de la Cámara de Diputados, la técnica legislativa en la Cámara Alta es distinta, lo que en sí mismo podría alargar la discusión, al margen de la profundidad de las tratativas que se desarrollen entre Ejecutivo y Legislativo.
Esto, ya que en Diputados una vez aprobada la idea de legislar de un proyecto, se abre un plazo de ingreso de indicaciones en la comisión respectiva, para luego una vez cumplido dicho plazo comenzar la discusión en particular. En el Senado, en cambio, la aprobación de la idea de legislar en comisión viene luego acompañada de una votación en general en la Sala, para posteriormente -en caso de aprobarse- activarse la votación en particular en la comisión, con su consecuente plazo para el ingreso de indicaciones.
A esto hay que sumarle que, al igual que en la Corporación, el texto también será revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo del Senado.
Con este telón de fondo, en Hacienda trabajan con distintos escenarios y cronogramas para la tramitación. Lo cierto es que el proyecto aterriza en el Senado el martes 2 de junio y existe una posibilidad de que la comisión ad hoc cite a sesión esa misma tarde en paralelo a la Sala, para que el ministro del ramo, Jorge Quiroz, exponga los principales ejes, así como dar cuenta del estado de las conversaciones con la oposición que partieron en la Cámara, pero sin llegar a un protocolo de acuerdo. Otra opción es que aquello ocurra recién el miércoles 3.
Luego, se espera que las semanas del 8 y el 15 de junio se desarrollen audiencias de especialistas, que incluirán también al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Tras esto, se espera que en la segunda quincena se vote la idea de legislar, pase a la Sala y vuelva a comisión para así iniciar la votación en particular, donde Hacienda ingresará indicaciones que den cuenta de las negociaciones hasta el minuto.
Luego, el texto pasará a una discusión más acotada en Medio Ambiente y Trabajo. Así, los cálculos apuntan a que a inicios de julio vuelva a tercer trámite en la Cámara. Asumiendo que probablemente los diputados rechacen algunas de las enmiendas incorporadas en el Senado, el Ejecutivo se tomará también dicho mes para destrabar negociaciones de cara a una comisión mixta.
Aprobar la normativa en julio no es baladí para el Ejecutivo, ya que así permitirá incorporar el efecto macroeconómico del proyecto en la planificación de cara al Presupuesto 2027 y el reordenamiento financiero para el lapso 2028-2031, que será parte del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre que acompañará al erario del próximo año. El Presupuesto ingresará a trámite en la Cámara a más tardar el 30 de septiembre.
Los temas en discusión
Al igual que en la discusión en la Cámara, los puntos principales sobre la mesa de negociación son el alcance de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión por hasta 25 años; el crédito tributario al empleo formal; la norma que exime a la inteligencia artificial del pago de remuneración a los titulares de obras o datos; la exención de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores; la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); y mecanismos para acotar la caída de recaudación fiscal neta de la iniciativa, que recién será compensado vía mayores ingresos por crecimiento el 2035. Esto último, sin considerar los recortes de gasto por US$ 2.000 millones que ha ejecutado el Fisco y que se asumen como permanentes a futuro.
En invariabilidad tributaria hay conversaciones más avanzadas entre las partes, donde un potencial acuerdo implicaría rebajar de 25 a 20 años la duración del "congelamiento" de las tasas y condiciones fiscales para los inversionistas que firmen un contrado con el Estado, así como aumentar el tope mínimo para acogerse al mecanismo (desde los US$ 50 millones a cifras en torno a US$ 100 millones o US$ 200 millones) y crear algún tipo de tasa adicional que se agregue a modo de "peaje" por firmar el contrato ley. En las tratativas iniciales se ha conversado de un 1,5%, aunque no es una decisión cerrada.
En el crédito al empleo, si bien Hacienda ya hizo modificaciones para acotarlo a trabajadores menores de 25 años y mujeres, en el Senado la conversación se centrará en reducir el impacto fiscal -en torno a US$ 1.400 millones por año- adelantando la extinción del beneficio. En el informe financiero original, se estimaba que entre los años 15 y 25 (2040 a 2050) el efecto sobre el Fisco se diluye desde US$ 584 millones a US$ 15,6 millones. Una opción es adelantar en el calendario de implementación dicho hito.
En cuanto a la exención de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años, Hacienda no cederá en el fondo de la iniciativa, al ser una promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast. Lo que sí, se trabaja con los alcaldes fórmulas para asegurar que los recursos que percibirá el Fondo Común Municipal (FCM) sean incorporados en la ley de Presupuestos de cada año, pero con menos trabas para acceder.
Sobre la franquicia Sence, Hacienda ya tiene un compromiso con parlamentarios oficialistas y de oposición para reformular su idea original: ya no se eliminará la franquicia, sino que se reformulará con foco en las pequeñas y medianas empresas, reduciendo así su impacto fiscal (US$ 300 millones le cuesta al Fisco el instrumento al año).
Mientras que en cuanto al impacto macro, cuyo debate se ha acentuado por el mayor deterio fiscal que reveló el IFP de esta semana, Hacienda trabaja, además de acotar el efecto fiscal de otras medidas del proyecto, sobre la base de acelerar los ajustes de gasto público que serán incorporados como permanentes en el proyecto, ya no hablando de US$ 2.000 millones sino que de una cifra que se acerque más a la meta de US$ 6.000 millones que prevé el Ejecutivo para su período de gobierno. También se incorporará la segunda etapa de ajustes, con foco en combatir el "fraude social" -cobro del CAE y de becas de posgrado en el extranjero no pagadas-, exigir mayores eficiencias a las empresas estatales y desprenderse de activos inmobiliarios no utilizados por el Fisco.
Se espera que los cambios al proyecto sean mencionados por el Presidente de la República, José Antonio Kast, en su cuenta pública del próximo primero de junio, justo un día antes de que la gran reforma aterrice en la Cámara Alta.
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Sebastian Valdenegro
