Propiedad intelectual y listas de observancia

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (conocido como USTR por sus siglas en ingles) emitió el “informe especial 301”, en el cual se evalúa el nivel de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual a nivel mundial. Lamentablemente, nuestro país nuevamente ha sido ubicado en la llamada priority watch list o vigilancia prioritaria, “privilegio” que este año compartimos con países como China, India, Indonesia, Rusia, Venezuela, Argentina, entre otros.

De una revisión del informe, se echa de menos un reconocimiento más expreso de los esfuerzos que las autoridades públicas (gobierno, policías, fiscalía y aduanas) efectivamente han hecho en los últimos años para elevar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, modificando normativa interna y reforzando la persecución de la piratería. De hecho, el propio gobierno salió de inmediato al paso desconociendo la validez de dicho reporte.

Sin perjuicio de lo anterior, hay ciertos incumplimientos del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos que son difíciles de rebatir, como por ejemplo la tipificación y sanción de la elusión de las medidas tecnológicas efectivas utilizadas por autores para proteger sus obras, respecto de la cual estamos en deuda desde enero del año 2009; o la protección de las señales satelitales portadoras de programas codificados, respecto de la cual estamos al debe desde enero de 2004.

A la luz de las noticias publicadas en los últimos meses sobre el masivo uso de decodificadores y antenas que, mediante el uso indebido de un software, permiten acceder a cientos de canales de forma gratuita, esta obligación que ya tiene más de nueve años de retraso no resiste mayor análisis en cuanto a su urgente cumplimiento.

Tampoco estamos hablando de una sobre-regulación en la materia o de otorgar una protección excesiva para los titulares, de hecho, el propio TLC contempla un sistema de excepciones y limitaciones para las medidas tecnológicas de protección donde su vulneración estaría permitida, por ejemplo en casos de investigación, ingeniería inversa, acceso por parte de bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.

Si nuestro país quiere salir de la “priority watch list”, resulta necesario defender con fuerza los avances que Chile ha hecho en materia de propiedad intelectual; educar a los ciudadanos acerca del valor de este activo intangible; y desde luego, terminar de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos hace varios años en esta materia.