Reforma de pensiones y redistribución: ¿quién paga?

Leonardo Hernández

El proyecto de ley de reforma de pensiones del Gobierno propone, entre otros cambios al actual sistema, una mayor redistribución desde personas de ingresos altos a aquellas que, por sus sueldos bajos o porque cotizan muy pocos años durante su vida laboral, cuando alcanzan la edad de retiro no pueden optar a una pensión autofinanciada (financiada con sus cotizaciones) de una cuantía mínima. En el segundo caso hay mujeres y grupos que, por distintas razones, deben salir del mercado laboral por períodos largos de tiempo (por maternidad o porque asumen tareas de cuidado de terceros). El fin de estas propuestas es, sin duda, loable.

Esta redistribución se logra con la creación de un nuevo mecanismo, el Seguro Social administrado por el Administrador Previsional Autónomo (APA), y con el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que aumenta tanto su monto como su cobertura. Los montos asociados a estas iniciativas no son menores: en el primer caso el potencial que se podría llegar a redistribuir es, en régimen, del orden de 1,5% del PIB (si todo el incremento de la tasa de cotización de 6% se destina a redistribución y suponiendo que la masa salarial de los trabajadores formales crece a la misma tasa que el PIB), mientras que en el segundo caso estamos hablando de un 0,5% del PIB aproximado, también en régimen.

“¿Es razonable que contribuyan a esta redistribución sólo los trabajadores formales? Si se quiere mejorar la situación de los pensionados, ¿por qué no contribuyen a esta iniciativa las rentas del capital?”

Cuando se analizan políticas de esta envergadura cabe preguntarse lo siguiente: ¿se necesita redistribuir tal cantidad de recursos hacia los pensionados, especialmente considerando que hay otras demandas sociales en temas importantes como educación, seguridad y salud, por nombrar algunas? ¿Y cómo se financian?

El incremento en la PGU se financia con rentas generales de la nación, por lo que la pregunta pasa a ser cuál es una carga tributaria razonable para un país como Chile. El Seguro Social, sin embargo, se financia con un impuesto parcial al trabajo (el 6% de cotización adicional es un impuesto parcial a la contratación de mano de obra), lo que genera efectos no deseados en el mercado del trabajo (mayor informalidad laboral y mayor sustitución de máquinas por trabajadores).

Además, cabe preguntarse: ¿es razonable que contribuyan a esta redistribución sólo los trabajadores formales? Si se quiere mejorar la situación de los pensionados, ¿por qué no contribuyen a esta iniciativa las rentas del capital? ¿Y qué pasa con los recursos recaudados con otros tributos como el impuesto al diésel, el impuesto de timbres y estampillas, el IVA, los impuestos específicos al tabaco y alcoholes, y otros?

Lo que se está proponiendo no es distinto que gravar con un impuesto específico al comercio establecido (por ejemplo, con una sobretasa al IVA) para, con esos recursos, financiar un subsidio destinado a los comerciantes ambulantes, para que puedan salir de su situación de precariedad laboral.