Una nueva institucionalidad para “mejores” inversiones

Tal como hemos sostenido en varias ocasiones, nuestro sistema de evaluación y aprobación de inversiones requiere una revisión institucional importante.

Sólo en los últimos días nos hemos enterado de que, finalmente, se le transfirió el terreno a la empresa a cargo de la construcción y explotación, a través de la modalidad de concesiones, del edificio conocido como Hospital Salvador Geriátrico. El proceso de entrega de terrenos se vio dificultado por algunos hallazgos arqueológicos que han postergado el inicio de obras. En paralelo, se ha divulgado la decisión de la alcaldesa de Providencia de oponerse a un proyecto de conectividad entre esa comuna y la Ciudad Empresarial ubicada al norte del cerro San Cristóbal. Por otro lado, sigue pendiente la resolución que le dé curso a la construcción del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso.

También conocimos la decisión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de rechazar el proyecto minero Dominga, a partir de una serie de consideraciones acerca del emplazamiento del puerto que este contemplaba y de los efectos negativos que tendría sobre el medio ambiente. En esta decisión no participaron la ministra de Transportes, encargada de la política portuaria del país, ni el ministro de Obras Públicas, de quien depende la Dirección de Obras Portuarias.

Es evidente que algo está pasando con nuestro sistema de inversiones que, de una u otra forma, desalienta a quienes esperan llevar a cabo proyectos de envergadura y, a través de esa vía, aspiran legítimamente a obtener una rentabilidad y contribuir al desarrollo del país. Conscientes de estas dificultades es que como Consejo de Políticas de Infraestructura hemos propuesto la generación de una nueva institucionalidad para abordar el proceso de inversiones que el país necesita, de modo de asegurar un mayor bienestar para sus habitantes y el crecimiento económico que le dé sustento.

Es efectivo que naciones como Chile no pueden crecer a cualquier precio. Los proyectos de inversión, como los antes señalados, deben consignar el impacto que causan a su entorno ambiental y social inmediato y tienen que incluir el diseño de mecanismos de compensación y mitigación. Cuando estos no son suficientes para contrarrestar los efectos negativos que pueden traer consigo, es evidente que ese proyecto no conviene ejecutarlo.

Para evitar situaciones como las que se han vivido en los últimos días se podrían tomar algunas medidas. En primer lugar, creemos que los proyectos de inversión del sector privado deben contar con un cause claro de tramitación con un importante componente técnico, sin desconocer la relevancia política que algunas intervenciones mayores pueden tener, especialmente cuando tienen un impacto transformador relevante. Para ello es clave que exista una visión cohesionada de la contraparte pública encargada de las autorizaciones. Ésta debe fundarse, en lo posible, en una visión compartida acerca de la orientación que debe tener nuestro desarrollo y en el compromiso de cada uno de los responsables de agilizar al máximo las acciones necesarias para que las inversiones se materialicen. En este sentido, hubiese sido importante conocer, en el caso de la Minera Dominga, la opinión de los ministerios a cargo de las inversiones en el borde costero y así tomar una decisión que se enmarcase en lo que podría ser una “política portuaria nacional”.

Por otro lado, cuando los proyectos que se promueven son de interés público, es decir, corresponden a iniciativas del Estado, es necesario que éste, a través de sus organismos ejecutores, asuma la responsabilidad de la tramitación de las autorizaciones de modo de facilitar la pronta ejecución de las obras. Reiteramos, siendo estos proyectos de interés público, se supone que su fin es transferir beneficios a la comunidad a la mayor brevedad posible, por lo que debe asumirse un cierto sentido urgencia que, lamentablemente, en ciertas circunstancias se olvida. Una mayor infraestructura hospitalaria es un requisito de mayor bienestar para los habitantes; mejorar la conectividad entre el centro y el norte de la ciudad de Santiago es urgente; al igual que despejar la capacidad portuaria con la que Chile debe seguir enfrentando sus desafíos en los mercados internacionales.