Alza de planes de salud: el rol de la Corte Suprema

La Superintendencia de Salud emitió un fallo de primera instancia rechazando el alza de un plan de salud, pese a la nueva ley. En efecto, luego de un año de dictarse la Ley 21.350, que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud de las isapres, cabría esperar un aumento de la certeza jurídica sobre las reglas que rigen dichas alzas. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Las cortes de apelaciones han seguido acogiendo los respectivos recursos de protección y, ahora, la Superintendencia de Salud confirma el criterio de las cortes.

Al respecto, el órgano argumentó que la justificación del alza de precios informada en la carta de adecuación era “insuficiente”. Indicó que la sola dictación de la ley y el hecho de que la Superintendencia fije un techo no significa que haya una obligación para las isapres de subir los planes. En caso de hacerlo, deben justificarlo debidamente y con argumentos claros. Las cortes de apelaciones han razonado en términos similares, señalando que las isapres pueden modificar los planes de salud, pero que dichas alzas no pueden ser masivas, sino justificadas caso a caso.

La decisión de la Suprema será clave a efectos de unificar la jurisprudencia de los tribunales y dar mayor certeza en la materia.

En cualquier caso, aún falta un pronunciamiento de segunda instancia, tanto en la vía administrativa por parte del Superintendente de Salud, como en la vía judicial, por parte la propia Corte Suprema. En particular, la decisión de la Suprema será muy importante, a efectos de unificar la jurisprudencia de los tribunales y dar mayor certeza en la materia.

Cabe recordar que fue la propia Corte Suprema la que, en numerosas ocasiones, solicitó que el legislador regulara las alzas de los planes de salud de Isapre, atendido la ingente cantidad de causas por este concepto que atochaban la actividad de los tribunales de justicia, incluida la Suprema.

El Tribunal Supremo tiene el deber de aunar la jurisprudencia y formular reglas objetivas que guíen el comportamiento de las isapres, aumentando la certeza jurídica para todos los actores. Además, haciendo cumplir la ley, tiene la oportunidad de aminorar un fenómeno de judicialización masiva que no beneficia más que a los abogados dedicados al negocio de los recursos de protección contra las alzas de los planes de salud.