Caso indultos: la credibilidad en entredicho

La forma en que el Presidente Boric ha ejercido la facultad de indulto -de la cual había sido crítico en el pasado- ha tenido serias consecuencias jurídicas y políticas. En lugar de aplicarlo como medida de clemencia -como ha sido tradicionalmente-, lo entendió como forma de corregir una condena en su opinión injusta (el caso del exfrentista Jorge Mateluna) o de mostrar sintonía con el estallido del 18-O de 2019, indultando a 12 de los mal llamados “presos de la revuelta”.

Ante las crecientes críticas -entre ellas, de la propia Corte Suprema, recordando la separación de poderes-, el Gobierno ha respondido admitiendo “desprolijidades” en el proceso, por lo que pidió las renuncias de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete del Mandatario. Más aun, la ministra la vocera de La Moneda admitió que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos (de los indultos) a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

La reiteración de errores seguidos por disculpas o cambios de postura socava la autoridad del Gobierno.

Ni las renuncias ni el “mea culpa” gubernamental enmiendan el error, que ahora adquiere visos de una crisis mayor con la petición opositora de que los indultos sean revocados o invalidados, lo cual no parece jurídicamente viable. Inevitablemente, lo anterior pone en entredicho la credibilidad del Gobierno en materia de seguridad, su sentido de la responsabilidad política y su capacidad de gestión. Ello ha tensionado las relaciones al interior del oficialismo, y también con la oposición, que ha decidido restarse de la mesa de trabajo convocada por la ministra del Interior para enfrentar la preocupante alza de la delincuencia en el país.

La Moneda debe entender que la reiteración de errores seguidos por disculpas o cambios de postura -como se vio en La Araucanía, el TPP-11, el proceso constitucional, y ahora los indultos, entre otros- socava su autoridad, y tanto reduce su capacidad para alcanzar acuerdos en torno a los problemas del país como de impulsar su agenda legislativa. El capital político no es inagotable y al respecto, la reciente encuesta del CEP debiera entenderse como un potente recordatorio.