Editorial

Mejoras al sistema de Alta Dirección Pública

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Con más de una década de funcionamiento, el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) se apresta a ser objeto de un proceso de reforma y perfeccionamiento que a juicio de muchos es urgente y necesario.


Según han dicho las autoridades, y en el marco de los compromisos asumidos durante la tramitación de la última Ley de Presupuestos, por estos días se enviaría a trámite un proyecto que busca abordar varios de los flancos de crítica al sistema, en especial aquellos que señalan que en los hechos parte del objetivo último del sistema no se cumple, cuando un alto porcentaje de funcionarios del sector público está expuesto a desvinculaciones con motivo de los cambios de gobierno o cuando asumen "transitoriamente" en puestos de primera línea personas que eventualmente no superan los filtros de mérito, mientras se realizan los concursos.


Si bien hay consenso entre los expertos en cuanto a que el sistema de ADP representa un avance sustantivo en las dinámicas del sector público y en la profesionalización del mismo, también es ampliamente compartido que el mecanismo requiere correcciones que hagan más eficaz su operación, que alimenten un círculo virtuoso que permita atraer talentos a largo plazo para el Estado y que, sobre todo en los tiempos que corren, ayuden a instalar un clima de mayor transparencia y confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones con las que hemos dotado al país.


De este modo, es clave que lo que se estampe finalmente en el proyecto de ley considere los enriquecedores puntos de vista de quienes, desde dentro y fuera del propio sistema ADP, han realizado en la discusión previa de los últimos meses.

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