El Presidente Gabriel Boric anunció este lunes el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de sus promesas eje de campaña. En lo medular, propuso la creación de un nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES) sin participación de la banca, la condonación de parte de las deudas vigentes, abandonando la promesa inicial de un perdonazo total, condicionando la prescripción al comportamiento de los deudores, y un mecanismo de reorganización de las obligaciones vigentes mediante reprogramaciones con cuotas proporcionales de hasta 8% de los ingresos de las personas.
El nuevo sistema elimina el pago de matrículas y aranceles y permite el copago solo al segmento de estudiantes del 10% de mayores ingresos. La reorganización de las deudas cubriría a todos quienes tengan obligaciones vigentes con el CAE, los que recibirán una condonación total o parcial, dependiendo de cada caso. La propuesta del Gobierno apunta a que los futuros beneficiarios del FES contribuyan al Estado con una “retribución” al incorporarse al mercado laboral, de manera proporcional a sus ingresos. De esta forma, habrá quienes compensen menos del costo total de su carrera, mientras que otros pagarán por sobre el valor total, a lo largo de 20 años.
Desde que entró en vigor en 2005, más de 1.200.000 personas han accedido al CAE. Y así como ha existido consenso en que ha sido un importante motor de acceso a la educación superior, también lo hay en que el sistema terminó siendo desbordado. Actualmente, el 60% de los deudores está moroso. En este contexto, abordar el problema es positivo -aun cuando hay prioridades más urgentes- y haber desechado la idea de una condonación total, altamente costosa, también es valorable.
Lo que complica de la propuesta son los efectos que tendrá en la educación superior y en la forma en que se entiende la responsabilidad fiscal y personal. De acuerdo con diversos expertos, en la práctica, el FES extendería la gratuidad a nueve deciles de ingresos, lo que genera desde ya una profunda duda respecto de si es éste el mecanismo adecuado para introducir una reforma al financiamiento de la educación superior. Con la ausencia del copago en los deciles 7, 8 y 9 se pone en riesgo parte importante del financiamiento de las universidades, las que pasarían a depender de los pagos estatales, con evidentes impactos en su independencia. Nada se sabe, hasta ahora, sobre el sistema de aranceles, su regulación o reajuste. Tampoco está claro cómo el Estado va a asegurar el supuesto que da base al sistema y que es la retribución por parte de los egresados, ni cómo se financiaría en los primeros años antes de que egresen los primeros beneficiados. Igualmente, se echa de menos conocer su sostenibilidad financiera de largo plazo.
Es de esperar que el debate legislativo despeje estas dudas, cruciales para un país con notorias deficiencias en enseñanza y capacitación, que traban el crecimiento y la productividad.
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