El Gobierno de Perú está evaluando mecanismos de cooperación bilateral para el traslado de presos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen o a centros penitenciarios de El Salvador, dijo el jueves el primer ministro, Eduardo Arana.
El funcionario, en una presentación ante el Congreso, afirmó asimismo que el país está buscando financiamiento externo por 800 millones de dólares de la banca de desarrollo para construir más cárceles propias, mientras lidia con el hacinamiento y una reciente ola de criminalidad.
"El crimen organizado transnacional exige respuestas firmes y coordinadas, por ello, el Gobierno evalúa mecanismos de cooperación bilateral para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador", afirmó.
Arana no detalló de inmediato cómo sería un acuerdo de este tipo con El Salvador, que ha recibido a migrantes deportados desde Estados Unidos a cambio de un pago para encarcelar a extranjeros acusados de pertenecer a bandas criminales.
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El CECOT es una prisión de máxima seguridad de El Salvador, conocida por sus duras condiciones, que han provocado fuertes protestas de grupos de derechos humanos.
La oficina del primer ministro y del ministerio de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de más detalles sobre el tema.
Arana manifestó también que un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) permitirá la construcción de al menos tres penales y un centro de estudios criminológicos.
"Esta medida busca descongestionar los penales, desarticular redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad", remarcó.
Perú tiene unas 69 cárceles con una capacidad de unos 42.000 internos, pero las prisiones albergan a casi 98.000 condenados o procesados, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El país ha declarado estados de emergencia en varias regiones en los últimos meses, incluida la capital, Lima, para combatir la delincuencia.
Arana planteó además la creación de una comisión conformada por el Gobierno, el Congreso y organismos competentes para estudiar y proponer de manera consensuada sobre "la continuidad" del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El sistema, integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDH), es el mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América, con base soberana y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer ministro ratificó asimismo que el Gobierno "no pagará ni un centavo" en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales, en favor de quienes fueron juzgados y sentenciados en el Perú por delitos de terrorismo.
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