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Preocupación por la situación fiscal

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Si bien el rechazo de ambos proyectos de retiros de fondos de pensiones constituye una buena noticia para el país, algunos analistas han mostrado una entendible preocupación por el impacto que ello podría tener en las finanzas públicas. En efecto, el clima político imperante, sumado al marcado deterioro que se anticipa para la situación económica en los próximos meses, hace temer que crezcan las presiones por mayores beneficios estatales.

Al respecto, un grupo de parlamentarios de oposición, luego del rechazo, planteó la reinstauración de un IFE universal, aunque acotado al 50% de la población, lo que es fiscalmente inviable desde todo punto de vista. El Plan Chile Apoya recientemente anunciado por el gobierno contempla un total de recursos de US$ 3.700 millones, y un IFE al 50% de la población de menores recursos tendría un costo mensual cercano a US$ 2.000 millones.

Parece muy válida la inquietud por las cuentas fiscales, como acaba de hacer público, entre otros, el Consejo Fiscal Autónomo.

El tema de fondo es que las presiones de gasto fiscal seguirán muy presentes, un escenario complejo para un Ministerio de Hacienda que ya tuvo que ceder con el proyecto de retiro acotado frente a las fuerzas del ala más izquierda del gobierno, que muestra escasa preocupación por los déficits fiscales, lo que entiende fundamentalmente como una justificación para subir impuestos.

En este contexto, parece muy válida la preocupación por las cuentas fiscales que acaba de hacer pública el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En su Informe al Congreso N° 6, este organismo entrega una clara advertencia sobre los retrocesos en la fortaleza fiscal de Chile si no se persiste en el plan de convergencia iniciado con el presupuesto 2022. Señala, además, el riesgo de que el país siga retrocediendo en su clasificación de riesgo soberano, lo que impactaría también en las posibilidades de crecimiento, por su efecto en el costo de fondos.

El Ministerio de Hacienda tiene, por ende, la importante tarea de transmitir al mundo político y a la ciudadanía que la sostenibilidad fiscal es una condición clave en la búsqueda del bien común.

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