Una reciente resolución de la Corte Suprema, que invalidó una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Garantía de Yumbel por el delito de sustracción de madera, no dejó indiferentes a los gremios del sector forestal. Tras el revés procesal, que se basó exclusivamente en la falta de escrituración de la condena, el sector puso énfasis en la correcta aplicación y consolidación de la ley que persigue estos ilícitos.
El tribunal de Yumbel había sentenciado al imputado a una pena de 113 días de presidio menor y el comiso de un vehículo por hechos ocurridos en 2024, bajo la vigencia de la Ley de “Robo de Madera”. Sin embargo, la defensa recurrió a la Suprema para anular la condena, argumentando que el tribunal no redactó el fallo y lo mantuvo únicamente en un registro de audio. En ese contexto, el máximo tribunal determinó que esta omisión vulneró las exigencias establecidas en el Código Procesal Penal y el debido proceso, por lo que ordenó retrotraer la causa y realizar una nueva audiencia con un juez no inhabilitado.
El impacto de este tipo de resoluciones no pasa inadvertido en la industria forestal, dado el esfuerzo transversal que la institucionalidad ha desplegado para desarticular a las bandas organizadas que cometen este tipo de delitos en la macrozona centro - sur, donde las plantaciones tienen mayor presencia.
Disminución del delito
La ley 21.488, también llamada Ley de Robo de Madera, entró en vigencia en septiembre de 2022 y según cifras de Corma, desde esa fecha, los delitos asociados a este tipo de actividades ilegales han disminuido en 94%. En 2021 el robo de madera movía US$ 92,4 millones, pero tras la aplicación de la normativa ese monto cayó a US$ 15,8 millones en 2022 y US$ 5,7 millones en 2023.
Estos resultados han permitido establecer una cadena de suministro y comercialización de la madera más confiable, competitiva y sostenible, además de aumentar la seguridad del territorio y las faenas forestales.
El gerente general de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Antonio Minte, detalló que el trabajo coordinado de las instituciones, como las policías, los organismos del Estado y la justicia, “ha sido fundamental para enfrentar el robo de madera y avanzar en investigaciones de gran envergadura que durante años afectaron duramente a nuestro sector”.
Rigor procesal
Minte destacó que como gremio “entendemos que la Corte Suprema no se pronunció sobre la inocencia del imputado, sino que anuló la sentencia por un error en el procedimiento y ordenó realizar un nuevo juicio”; por lo mismo, “como en todas las instituciones, y especialmente en el ámbito judicial, es fundamental que los procedimientos se cumplan correctamente”.
La mirada es compartida por los pequeños y medianos empresarios madereros. En este sentido, el presidente nacional de Pymemad, Hernán Muñoz, declaró que “nuestro interés es que las instituciones funcionen y funcionen bien”. Muñoz, explicó que la aplicación de la ley de Robo de Madera y el actuar coordinado “desincentivó la operación de aserraderos informales o que PYME receptoras compraran madera sin trazabilidad verificable”.
Sin embargo, la realidad de este sector es más compleja que la de las grandes industrias, pues “están luchando por sobrevivir sin incentivos para replantar tras los incendios forestales y una ley de incendios, que tal como está, nos perjudicará más aún”. Según el líder gremial, la actividad para la pequeña y mediana empresa forestal atraviesa por un escenario complejo que requiere atención urgente del Estado.
De acuerdo a lo estipulado por la Corte Suprema, el caso deberá ser sometido a una nueva audiencia, por lo que desde Corma hicieron un llamado a evitar que las fallas administrativas debiliten la persecución penal de estos delitos. “Precisamente por eso es tan importante que cada causa se lleve adelante con rigurosidad, respetando todas las garantías y procedimientos, para que los resultados sean sólidos y no se pierda el trabajo realizado”, concluyó Minte.
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