Por el delito de cohecho reiterado, la Fiscalía presentó la acusación formal contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro y el exconcejal de la comuna, Eduardo Araya, para quienes solicita ocho años de cárcel, en el marco del denominado Caso Puerto Coronel.
La petición del Ministerio Público afecta además a exejecutivos de la portuaria. A través de la fiscal Glenda Lagos, pidió 38 años de presidio para el expresidente de la compañía, Eduardo Hartwig, a quien acusa de soborno, administración desleal y delitos tributarios, y penas de 28 y 18 años de cárcel para el exgerente de Finanzas, Daniel Chamorro y el exgerente general, Javier Anwandter, respectivamente.
De acuerdo con los antecedentes entregados al Juzgado de Garantía en el marco de la investigación, las autoridades municipales habrían recibido millonarios sobornos por orden de la antigua plana ejecutiva del puerto. En el caso del alcalde Chamorro, los montos alcanzarían los $ 82 millones, mientras que el exconcejal Araya habría recibido cerca de $ 70 millones.
Las pericias arrojaron también la participación de externos a Puerto Coronel como Víctor Olivares y Hernán Romero (hermano del exdiputado Leónidas Romero). Para ambos, el Ministerio Público exige penas de siete años de prisión por los delitos de facilitación de facturas falsas y administración desleal.
Tras el ingreso de la acusación, el Juzgado de Garantía deberá notificar a las defensas de cada uno de los imputados y fijar la audiencia de preparación del juicio oral. El juicio definitivo, que por temas de agenda se desarrollará en el Tribunal Oral de Concepción, no se llevaría a cabo antes de julio de 2027.