El Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Universidad Autónoma de Chile, su rector, Teodoro Ribera, y diversas exautoridades regionales.
La acción legal se fundamenta en las conclusiones del informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre convenios de transferencia ejecutados entre 2021 y 2023 por un monto de $ 21.804 millones.
Estos recursos representaron más de la mitad de los $ 40.604 millones que el GORE destinó a instituciones de educación superior a través de 10 convenios durante dicho período.
Hallazgos de Contraloría
Según la auditoría de CGR, la casa de estudios había rendido $ 14.329 millones y mantenía $ 6.929 millones pendientes de rendición, y reintegros por apenas $ 155,5 millones. Pero el informe hizo énfasis principalmente en la calidad del gasto ejecutado, y 47% del monto rendido, equivalentes a $ 6.800 millones, fue observado por el organismo.
A partir de un examen de detalle a 117 partidas seleccionadas por nivel de riesgo tras cruces de datos con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servel y la Dirección del Trabajo, CGR determinó 10 observaciones clasificadas como "altamente complejas", la categoría más grave de su escala técnica.
Entre las anomalías más severas descritas en el documento, se constató la existencia de iniciativas catalogadas como ejecutadas y rendidas que nunca se materializaron en la realidad, pese a contar con actas de supervisión en terreno e informes finales formalmente firmados. A esto se sumó la incorporación de 73 facturas rendidas que posteriormente fueron anuladas con notas de crédito por $ 127,5 millones, lo que impidió verificar el destino efectivo de los desembolsos.
El informe también evidenció la aprobación exprés de proyectos millonarios en plazos inferiores a seis horas, así como un saldo no rendido por $ 134,1 millones que la administración del entonces gobernador Luciano Rivas y directivos de la casa de estudios acordaron dar por gestionado mediante el solo encargo a una empresa de cobranza externa, sin importar el resultado real del cobro. Asimismo, se identificaron fallas estructurales como la vulneración al principio de anualidad presupuestaria, falta de registro de letras de cambio y boletas de garantía que no fueron encontradas en la custodia de la Tesorería del GORE.
Alcance judicial y sumarios
Dada la magnitud de los antecedentes, CGR derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al SII, a la Cámara de Diputados y a la Fiscalía Regional por estimar que los hechos podrían revestir carácter de delito.
En paralelo, el gobernador regional René Saffirio ingresó la denuncia penal ante el fiscal regional subrogante César Schibar por presunto fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
La acción judicial apunta a la responsabilidad penal corporativa de la Universidad Autónoma de Chile, a su rector Teodoro Ribera, al vicerrector de la sede Temuco, a exgobernador Luciano Rivas, a suexjefe de gabinete Juan Pablo Leonelliy a las exjefas de división Susan Alarcón y Camila Poff, junto a otros funcionarios y colaboradores.
"Hemos actuado con la máxima celeridad para salvaguardar los recursos de la región. Nuestro compromiso es único: que se rinda cuenta de cada peso transferido, que se recupere cada peso no contabilizado y que estos hechos no se repitan jamás", señaló el gobernador Saffirio tras oficializar la presentación.
De forma complementaria, el GORE instruyó dos sumarios administrativos internos supervisados por la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría, sujetos a toma de razón, con el propósito de determinar las responsabilidades administrativas del personal y viabilizar la restitución de los recursos al tesoro público.