El caso estalló a fines de abril, al término de la junta de accionistas de Enap. Al retirarse de la instancia, la ministra de Energía, Ximena Rincón, confidenció que el presidente del directorio de la empresa estatal había informado a los integrantes de la mesa “contingencias legales ambientales que considera grave”.
Según el reporte, personal de Enap habría entregado información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua, en el marco del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.
Poco después, la compañía puso todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público y el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, está liderando actualmente la investigación.
Pero ahora se activó una nueva arista judicial, luego de que grupo de familias del sector presentara tres querellas criminales contra 16 ejecutivos que fueron desvinculados de la compañía por su eventual responsabilidad en los hechos. Los procedimientos están siendo tramitados por el abogado Remberto Valdés en representación de 1.034 familias de Quintero y Puchuncaví.
Remberto Valdés, abogado representante de las familias querellantes.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentra la incautación de los informes presuntamente falsificados y de documentación relacionada con los hechos, además de la recopilación de antecedentes que permitan establecer los niveles reales de contaminación a los que habría estado expuesta la población de la zona.
“Las querellas también solicitan la declaración, en calidad de testigos, de todos los integrantes del directorio de Enap desde 2021 hasta la fecha, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento que pudieron tener respecto de los hechos investigados y sus eventuales responsabilidades”.
Asimismo, se solicita que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal de los imputados, se apliquen las penas más altas contempladas por la legislación vigente en materia de delitos económicos y medioambientales, tanto respecto de los 16 querellados como de quienes eventualmente resulten responsables.
“Nosotros le pedimos al Ministerio Público diligencias intrusivas, que consisten en que estos antecedentes sean incautados por la PDI, específicamente por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente, directamente desde las oficinas de Enap. Esto es un hecho gravísimo, de alta connotación pública. Es un delito de corrupción y, por lo tanto, tiene que ser perseguido y sancionado de manera ejemplar”, afirmó Valdés.
El jurista realizó además un llamado al Presidente José Antonio Kast para que visite las comunas afectadas y conozca directamente los testimonios de las familias.