A pocas semanas de volver a las aulas, los colegios privados en Argentina arrancan el ciclo lectivo 2026 con un fuerte desajuste financiero que pone presión sobre su estructura de costos. El principal problema consiste en que deben afrontar aumentos salariales retroactivos para los docentes durante los meses de verano, cuando no perciben ingresos por cuotas y sin posibilidad de actualizar los aranceles.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) advierten que a esta problemática que se repite en esta época del año, se suma el impacto de los recientes acuerdos salariales en la Provincia de Buenos Aires. Las instituciones deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas escolares.
“Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
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Aumentos salariales sin ingresos
En términos concretos, las instituciones estiman que deben absorber un incremento salarial acumulado cercano al 8,1%, compuesto por subas del 1,5% correspondientes a diciembre y el SAC, y del 3,3% tanto en enero como en febrero, según lo acordado en la última paritaria docente.
En la provincia de Buenos Aires operan alrededor de 4.800 colegios privados con subvención estatal, lo que representa más del 70% del total de establecimientos de gestión privada. Todos ellos están alcanzados por los topes arancelarios fijados por el Gobierno provincial.
A este escenario se suman otras variables que profundizan la fragilidad del sistema. “Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, explicó Zurita.
Además, en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, por dificultades en los presupuestos familiares. “Tenemos el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan para mejorar día a día la calidad educativa a pesar del contexto desfavorable”, remarcó el secretario ejecutivo de AIEPA.
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Desregulación para algunos
En noviembre se dio a conocer que el Gobierno había derogado la norma que regulaba, desde hace más de 30 años, los aranceles de los establecimientos educativos públicos de gestión privada. A través del Decreto 787/2025, la medida elimina la obligación de obtener autorización previa del Estado para modificar las cuotas.
Tras ese anuncio, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la AIEPBA, aclaró a este medio que la medida alcanza solo a las escuelas sin aporte estatal, que representan cerca del 30% del total: unas 4.000 de las 14.000 que existen en el país.
Estos establecimientos debían informar a las familias antes del 30 de septiembre de 2025 el valor de la cuota del año siguiente, una exigencia que en contextos de alta inflación los obligaba a fijar precios con mucha anticipación y con escaso margen de ajuste. “Ahora se eliminó esa restricción, con lo cual se acomodan los valores a una lógica que tiene que ver con los costos operativos de los colegios”, detalló.
En palabras del secretario ejecutivo, esto no implica que las cuotas van a ser más caras: “En algunas escuelas cuando se dio a conocer esto, las cuotas bajaron porque no tenés ese temor de que después hay que aumentar todo el año anterior", finalizó.
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