“El daño podría ser irreparable para la industria forestal chilena”.
Esta
declaración del presidente de la Corporación Chilena de la Madera
(Corma), José Rafael Campino, deja claramente de manifiesto la alarma
que existe en este sector, a raíz de un subsidio al que los productores
estadounidenses de celulosa y papel se están acogiendo, amparados en
una legislación, de 2005, creada para fomentar el uso de combustibles
limpios.
Según los cálculos del gremio local y mediante el
aprovechamiento de un vacío en la legislación, cerca de 100 firmas que
operan en el país del norte podrían recibir este año nada menos que
unos US$ 6.000 millones.
De concretarse, esta cifra superaría con creces los
US$ 4.400 millones que la industria forestal chilena proyecta obtener durante este ejercicio.
Aquí
radica la preocupación de la Corma, entidad que incluso se acercó a la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de
la Cancillería, para pedir apoyo en la tarea de convencer a las
autoridades estadounidenses para que corrijan la legislación.
“He
sabido que en Estados Unidos hay senadores y representantes que están
reclamando por esto y tratando de impulsar un cambio en la ley”,
aseguró el dirigente.
Campino explicó que Estados Unidos es un
actor importante en el mercado mundial de la celulosa (de fibra larga y
corta) y compite con Chile en varios destinos, especialmente en Asia y
Europa. Ahí radica el peligro, ya que, a juicio del timonel de la
Corma, esta especie de “dumping” atenta contra el desempeño de la
producción nacional.
“Analistas de JP Morgan y Deustche Bank, estiman que el reintegro oscila entre
US$
150 a US$ 300 por tonelada de celulosa, por la que en el mercado hoy se
pagan cerca de US$ 550, lo que hace imposible competir”, apuntó.
¿Biocombustible?
La
Corma descubrió esta situación cuando se conoció la existencia de los
primeros reintegros por este concepto, los que en el caso de empresas
como International Paper y Verso Paper sumaron del orden de
US$ 100 millones, que les fueron cancelados en enero y febrero pasados.
El
problema, dijo, surgió cuando los productores estadounidenses
comenzaron a beneficiarse de este subsidio al hacer pasar como
biocombustible el denominado “licor negro”, que obtienen de la
fabricación de celulosa kraft y que usan para generar su propia energía.
Para
lograrlo, señaló Campino, las firmas sólo tienen que mezclar este
subproducto, que usan para generar dos tercios de la electricidad que
requieren, con una mínima parte de diésel (se exije no más de 0,01%),
transformándolo en biocombustible, lo que les permite recibir el
beneficio, que asciende a US$ 0,5 por galón.
“Ese no es el
espíritu de la ley y las compañías están actuando en el marco de la
legislación. En la norma está el problema”, apuntó Campino.
En la Corma están conscientes que sus opciones para tratar de revertir esta situación son pocas y se limitan a dos.
En primer término podrían apoyarse en lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La
otra alternativa es presentar este reparo ante la Organización Mundial
de Comercio (OMC), todo lo cual -dijo- está en evaluación, aunque
Campino reconoció que por esta vía la solución podría tardar años.
“Mi
apreciación personal es que en Estados Unidos mismo se van a dar cuenta
del error que están cometiendo, porque fundamentalmente se trata de
recursos de los contribuyentes”, puntualizó el dirigente.
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