El acuerdo al que llegaron la Fiscalía Nacional Económica y FASA,
mediante el cual la compañía reconoció haberse coordinado con otras dos
cadenas para elevar el precio de 222 medicamentos, reavivó la discusión
sobre la necesidad de retomar el análisis de eventuales cambios para
evitar "malas prácticas" en el mercado.
Las cifras avalan el
debate. En los últimos cuatro años han ingresado al Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (TDLC) 150 casos que atentan contra dicha
figura versus los 34 que existieron en el periodo comprendido entre
1996 y 2003.
¿A qué responde el aumento? ¿Es Chile un país que
presenta fallas estructurales que facilitan este tipo de conductas?
Pese a las dudas, entre los estudiosos del tema se desestiman problemas
de fondo en el mercado local.
No hay fallas estructurales,
insiste el diagnóstico común. Tampoco hay aspectos culturales que
puedan explicar el surgimiento de prácticas contrarias a la libre
competencia, hoy más entendida como simple colusión. La misma
experiencia internacional y la presencia de estas conductas en
distintos países son muestra de ello, se asegura en círculos técnicos.
Complejo,
como advierte el profesor del departamento de Economía de la
Universidad de Chile, Aldo González, la colusión "es una enfermedad con
la que tenemos que aprender a vivir".
Pero la claridad, en ese
sentido, bien podría permitir desincentivar terrenos fértiles para su
concreción. En esta línea, el académico de la Universidad Alberto
Hurtado, Eduardo Saavedra, advierte que la existencia de entidades
gremiales, que sólo reúnen a empresas de un sector, es un riesgo para
comportamientos concertados. La opción sería promover organizaciones
más transversales.
Los caminos
Pero ¿cuál sería
la fórmula que podría asegurar la libre competencia? El consenso entre
los expertos en el tema a la hora de buscar alguna aspirina para
ahorrarse dolores de cabeza apunta a una mezcla de mayor competencia y
una institucionalidad fortalecida.
Una medida que podría ayudar
consiste en eliminar barreras de entrada en algunos sector productivos
de una vez por todas, de tal forma que se abra el espacio a más
actores. En el caso particular de las farmacias, vender algunos
remedios sin receta, o en el área financiera, fomentar que entidades
distintas a los bancos puedan otorgar créditos son vías aplaudidas por
los expertos. Aunque, se resalta, es necesario mantener el equilibrio.
El
economista de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica,
Ricardo Paredes es claro en precisar que este tipo de medidas ayudan a
desincentivar la conductas colusivas, "pero sin llegar al extremos de
limitar participaciones de mercado y generar mercado ineficientes",
precisa.
Institucionalidad es clave
Junto con
lo anterior, los entendidos en esta temática destacan que la solución
para velar por la libre competencia pasa necesariamente por el
fortalecimiento de la institucionalidad.
De hecho, González
explica que el incremento de casos no se debe a que las empresas
cometan más actos colusivos, sino a que la Fiscalía Nacional Económica
(FNE) investiga más y el TDLC sanciona más.
Es más, este
crecimiento se registró a partir de 2004, cuando se dio un fuerte
impulso a la institucionalidad, que permitió que la FNE y el citado
Tribunal tuvieran un rol más activo.
A juicio de los expertos,
fortalecer el rol de ambos organismos es clave para evitar o disminuir
este tipo de conductas. "Que el fiscal pueda requisar computadores es
algo básico porque, en general, los coludidos son poco cuidadosos a la
hora de hacerlo", asegura Saavedra.
Otra herramienta vital que
puede fortalecer el rol de la FNE es la implementación de la delación
compensada. González no duda en que esta herramienta permitirá buscar
pruebas, localizar carteles donde generalmente no se sabe que existen,
"y con eso el Tribunal toma decisiones más claras y se logran condenas
más exitosas", explica.
Otra iniciativa que permite
desincentivar este tipo de conductas son multas más elevadas. De hecho,
el actual proyecto de ley contempla doblar las actuales 20 mil UTA que
actualmente establece la legislación como multa máxima.
Pese a
que los expertos aplauden el proyecto de ley que actualmente permite
introducir más atribuciones, Paredes es cuidadoso en aclarar que "nunca
es bueno legislar si no es con la cabeza fría".
El economista
aplaude la delación compensada y las otras atribuciones, pero pone ojo
en que estos mayores poderes no afecten el normal funcionamiento de las
empresas.
A modo de ejemplo, la penalización de las sanciones
por casos de colusión, una de las medidas que impulsará el gobierno
tras el caso farmacias, podría no ser una receta apropiada para evitar
las conductas anticompetitivas.
Para Paredes el penalizar este
tipo de casos elevará el estándar de prueba, lo que finalmente
provocará que casos que son fallados como condenatorios por parte del
TDLC, sean después resueltos en forma distinta en otras instancias
legales.
Así, el caso de las farmacias bien podría dejar
algunos remedios para evitar futuros actos de colusión.Lo importante es
que se haga con el debido análisis e información, de tal forma de
resolver la raíz del problema y no sumar nuevos, que al final atenten
contra el mercado y los consumidores.
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