38% de las denuncias culminó en conciliación.
En Chile parecieran ser cada vez más los trabajadores que se atreven a denunciar a sus empleadores ante la justicia por lo que consideran vulneración de sus derechos fundamentales, que incluyen aquellos que garantizan la vida e integridad física y síquica; la no discriminación, y la honra y vida privada, entre otros.
Todo un grupo que se conoce en términos legales como denuncias de tutela laboral y que, según el más reciente estudio del Observatorio Judicial, saltaron de 7.643 en 2017 a 18.083 en 2024, lo que representa un alza de 136%.
Si en 2017 una de cada 10 causas ingresadas a un juzgado laboral correspondía a tutela, el año pasado fue uno de cada cinco.
Para llegar a estos números, el Observatorio analizó 14.051 sentencias de tutela laboral dictadas durante 2017-2024, las cuales abarcan 144 tribunales.
Del total de casos denunciados, un 52% corresponde a hombres y un 48% a mujeres. Por tipo de demandados, el 61% son instituciones privadas -sobre todo empresas-, un 34% organismos estatales, y solo un 5% personas naturales.
¿Más empoderamiento?
Al observar los derechos fundamentales más frecuentemente alegados como vulnerados, destacan el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a no ser discriminado y el derecho a la honra y vida privada.
De hecho, un aspecto clave que arrojó el análisis del investigador del Observatorio Judicial y autor del informe, Juan Francisco Cruz, es que el 86% de las tutelas presentadas durante los años estudiados se vinculó con el despido, lo que equivale a prácticamente nueve de cada 10 casos.
“Un ejemplo de este tipo de tutelas son aquellas interpuestas por funcionarios municipales que alegan haber sido desvinculados únicamente por tener una tendencia política diferente a la del nuevo alcalde electo”, dijo el reporte.
Más de 18 mil denuncias de tutela se registraron en 2024.
Consultado por las razones del aumento de denuncias en este plano, Cruz reconoció que efectivamente podría ser reflejo de que hoy los trabajadores tienen un mayor conocimiento respecto a sus derechos y las alternativas legales que pueden ejercer. Y agregó que también incidiría el hecho de que el costo de recurrir a los tribunales laborales es “bastante bajo”.
“Actualmente, existe un número importante de abogados que ofrecen sus servicios y solo cobran si obtienen un fallo favorable al trabajador. En el fondo, es una lógica de que ‘no se pierde nada con demandar’”, explicó.
Los desenlaces
24% de las denuncias terminó en acuerdo entre las partes.
¿Cómo se resuelven estas disputas? La investigación arrojó que el 38% concluyó en conciliación, o sea, en acuerdo bajo la figura de mediación; y el 24% en avenimiento, el cual implica que las partes de un proceso judicial, de forma autónoma, convienen en dar por terminado el juicio pactando condiciones u obligaciones que deberán cumplir.
Un 24% de los juicios, adicionalmente, finalizó con una sentencia definitiva y, en este grupo, un 76% de las denuncias fueron desestimadas en los tribunales laborales.
El informe destacó que “comparando con los procesos civiles, donde solo el 0,8% de los casos finaliza en conciliación y el 9,8% en avenimiento, resulta sorprendente que dos de cada tres tutelas se resuelvan mediante un acuerdo entre las partes”.
Ante ese escenario inusual, el reporte da dos posibles explicaciones. La primera, es que las denuncias de tutela -en general- “suelen estar bien fundamentadas y respaldadas por pruebas sólidas”.
Esto podría llevar a los empleadores a optar por resolver el conflicto mediante un acuerdo, en lugar de arriesgarse a una condena que podría implicar pagos de indemnizaciones de entre seis y once salarios, la implementación de medidas de reparación, recargos legales en casos de despido injustificado “e, incluso, la prohibición de contratar con el Estado, una sanción que para muchas empresas podría significar la quiebra”.
Una segunda explicación posible radica en la percepción de los empleadores sobre un posible sesgo de los tribunales laborales a favor de los trabajadores.
“Esta idea aumenta la percepción de riesgo de perder un juicio, incluso en casos que carezcan de fundamentos sólidos. En este contexto, para empresas que dependen de contratos con el Estado, asumir ese riesgo sería inviable, obligándolas a buscar un acuerdo”, señaló el análisis.
Así, otra dimensión destacada por el estudio es la alta tasa de acuerdos extrajudiciales (62% entre conciliaciones y avenimientos); y la significativa tasa de rechazo en sentencias definitivas (76%).
Esta aparente contradicción, planteó el informe, “obliga a cuestionar la naturaleza y motivaciones que subyacen en estas denuncias”.
Una primera hipótesis, sostuvo el análisis, “sugiere que muchas tutelas están sólidamente fundamentadas, lo que lleva a los empleadores a optar por acuerdos para evitar sanciones más severas”.
No obstante, una segunda -que calificó como “más preocupante” el estudio-, expuso que la tutela laboral “podría estar siendo utilizada estratégicamente como mecanismo de presión, aprovechando las graves consecuencias económicas y reputacionales de una eventual condena”, señala el texto.