Se trata del Hospital de Coquimbo y de la Red Hospitalaria de O’Higgins, que contempla los recintos de Rengo y Pichilemu. En ambos casos, la empresa planteó dificultades para cumplir ciertos hitos contractuales y solicitó extensiones de plazo ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Antes del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, CRCC sostuvo reuniones con las autoridades de la época para exponer los problemas que enfrentaba el Hospital de Coquimbo y así solicitar una ampliación del cronograma debido a retrasos en su desarrollo; específicamente en los Proyectos de Ingeniería Definitiva.
La petición volvió a ser presentada hace algunos días ante las actuales autoridades del MOP.
Al igual que en el caso de Coquimbo, antes del cambio de administración CRCC tuvo reuniones con el MOP para abordar dificultades asociadas al desarrollo del Hospital de Pichilemu.
En esa instancia, la concesionaria planteó la necesidad de ampliar los plazos del contrato para cumplir hitos obligatorios. Junto con ello, la firma advirtió que la falta de definición respecto de los plazos estaba afectando el proceso de financiamiento del proyecto, generando mayores costos financieros para la sociedad.
Fuentes cercanas a las tratativas señalaron que parte de esas dificultades fueron abordadas. Sin embargo, indicaron que la concesionaria sigue enfrentando restricciones presupuestarias y mantiene la necesidad de obtener extensiones de plazo.
A esto se suma que, hace algunos días, la empresa también expuso requerimientos similares para el Hospital de Rengo, solicitando más tiempo para cumplir con el cronograma de construcción.
Hasta ahora, ninguno de los dos casos ha derivado en instancias judiciales. Sin embargo, fuentes vinculadas a las conversaciones afirmaron que esa alternativa es evaluada por la compañía. De hecho, registros de Lobby confirman que la concesionaria no descarta recurrir a acciones legales en el caso del Hospital de Coquimbo.
Las otras obras
Las tensiones entre CRCC y el Estado comenzaron a escalar hace algunos meses. El episodio más visible fue el término anticipado del contrato entre Metro de Santiago y una de sus filiales encargada de las obras civiles del tramo 1 de la futura Línea 7 por fallas en la máquina tuneladora.
Posteriormente, la atención se trasladó a la Segunda Concesión de la Ruta 5 Tramo Talca-Chillán. En el Panel Técnico de Concesiones, la propia CRCC sostuvo que, con las condiciones actuales, el proyecto resulta económicamente inviable.
Si bien la concesionaria obtuvo una recomendación favorable en parte de sus planteamientos, las conversaciones con el MOP continúan abiertas. Según fuentes conocedoras del proceso, ambas partes buscan una salida negociada, aunque el término anticipado del contrato continúa siendo una posibilidad que permanece sobre la mesa.
Respecto al resto de sus obras, en enero de 2025, la firma recurrió al Panel por la concesión de la Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli en una controversia vinculada a aspectos técnicos y retrasos propios del desarrollo de la obra.
En tanto, el Instituto Nacional de Neurocirugía y el proyecto ferroviario Santiago-Batuco continúan avanzando sin mayores contratiempos.

Gestiones por los conflictos
Las preocupaciones por CRCC escalaron. Según confirmaron diversas fuentes, a principios de 2026 altos ejecutivos de la estatal viajaron desde China para reunirse con actores públicos y privados, revisar el estado de los proyectos y evaluar los cursos de acción. Las gestiones también han involucrado a representantes de la embajada china en Chile, quienes han sostenido reuniones con autoridades del MOP y expertos de la industria.
Una de las tesis de la compañía apunta a que parte de las dificultades responde al propio funcionamiento del sistema chileno. Conocedores sostuvieron que, en el caso de los hospitales, las controversias no son exclusivas de CRCC, sino que forman parte de problemas que históricamente han enfrentado otras firmas.
Respecto de Talca-Chillán, las mismas personas afirmaron que la empresa esperaba una aplicación estricta y literal de las condiciones contractuales, algo que muchas veces no ocurre en la práctica dentro del sistema de concesiones.
Bajo esa mirada, señalan que el principal problema habría sido un choque cultural entre la forma en que opera la compañía y el ecosistema chileno.
Otras fuentes, en cambio, atribuyeron las dificultades a la gestión de la empresa. Argumentaron que CRCC ha operado fuera de las prácticas habituales del sistema y que no ha logrado adaptarse a la forma en que funcionan los contratos en Chile. Como ejemplo mencionaron la concesión Talca-Chillán, donde la empresa llegó a acumular 1.400 multas por US$ 8 millones en 2025, una situación que actores de la industria calificaron como “poco habitual”.