Polémicos resultados de una nueva investigación liberó la tarde de este miércoles la Contraloría General de la República. De acuerdo a la entidad, un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para cumplir funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.
Según precisa la investigación tras analizar los contratos suscritos por esa repartición en las distintas etapas del proceso, seis de las 16 personas contratadas presentaron certificados de antecedentes donde, si bien éstos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas.
Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones.
La entidad liderada por Dorothy Pérez también reveló que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.
En el detalle, cinco de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorios, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos. Incluso, uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.
Con todo, dichas personas se desempeñaron en una edición del Censo en la cual se les prohibió a los censistas ingresar a las viviendas de las personas.
La investigación, además, constató que el INE no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo.
“Debido a estas faltas de control, la entidad auditada no aplicó multas a favor del Fisco por $ 131.972.500 a las empresas contratadas para el reclutamiento y selección de los trabajadores para cumplir funciones en el Censo 2024”, expone la investigación.
Otros hallazgos
Las problemáticas antes detectadas no habrían sido las únicas, ya que la investigación también expuso que una exasesora contratada por el INE participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese que era representante legal de una de las empresas intervinientes.
Además, se detectó que el servicio no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas -por las cuales recibieron un pago $ 166.356.508-, lo que implica una falta de supervisión y control de los censistas.
Asimismo, la CGR detectó a 267 personas que prestaron servicios en el INE para la ejecución del Censo y que, entre marzo y junio de 2024, estaban simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas.
No obstante, dichas personas no declararon esta situación, pese a que estaban obligadas a hacerlo mediante declaraciones juradas simples presentadas al Instituto Nacional de Estadísticas. Por este motivo, los casos serán remitidos al Ministerio Público.
El INE habría suscribido 77 contratos de arriendo destinados a oficinas y locales censales a nivel nacional, sin contar con fundamentos técnicos o formales que respaldaran el motivo para ello, ni que justificaran la selección de los inmuebles sobre otras opciones más favorables.
En este contexto, se advirtió que cinco de los contratos de arriendo tuvieron una duración de hasta 12 meses, en circunstancias que el Censo duró aproximadamente sólo 5 meses, verificándose un pago no justificado de $ 49.430.231.
“También se verificó que el INE, el 1 de mayo de 2024, pagó a nivel nacional $134.243.088 para el traslado de funcionarios y censistas, sin embargo, el servicio no realizó labores censales ese día que justificarían dicho pago”, expuso Contraloría.
Por último, se estableció que la entidad a cargo del proceso censista no planificó el destino de los 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el proceso 2024, por lo que, tras la actividad los equipos estuvieron 5 meses en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Tras esta investigación, la Contraloría ordenó al INE instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar de las situaciones detalladas en el informe.
Por otra parte, la Contraloría ya formuló un reparo por $ 315.645.819. Además, se está analizando la reevaluación presentada por la entidad auditada respecto del pago sin justificación por $ 166.356.508 por las labores que pagó a los censistas pero que no logró acreditar su efectiva realización.
También se le dio un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para el destino de los computadores y smartphones almacenados.
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Carolina León
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