Un tema del que poco se habla públicamente, pero que sin duda es crucial en la vereda legal, es la facturación de la industria. Y aunque las cifras financieras no suelen mencionarse cuando ocurren divisiones en estudios jurídicos o salidas de socios como las vistas en el último tiempo, diversas fuentes coinciden en que terminan siendo un factor relevante en esas decisiones.
La discusión, sin embargo, va más allá. Surge una interrogante de fondo: ¿por qué las firmas legales chilenas no revelan sus cifras?
En Chile, los estudios jurídicos mantienen un completo hermetismo respecto de sus resultados, a diferencia de mercados como Estados Unidos o Reino Unido, donde existen rankings de ingresos, utilidades por socio e incluso productividad.
El abogado inmobiliario Rodrigo Andreucci instaló hace algunos días en LinkedIn el debate sobre la facturación como uno de los posibles gatillantes de los movimientos que ha experimentado la industria legal. Una profesional de su estudio, Andreucci & Torrejón, solicitó información al respecto al Servicio de Impuestos Internos (SII) vía Ley de Transparencia. Aunque la entidad respondió que no contaba con esos datos consolidados, sí detalló una ruta para aproximarse a una estimación.
Con la ayuda de un experto, la firma concluyó que la facturación del mercado legal chileno habría alcanzado alrededor de US$ 4.500 millones en 2024. La cifra considera estudios jurídicos de distintos tamaños y abogados independientes que trabajan a honorarios. Para Andreucci, el monto era previsible, dado que la profesión tiene un comportamiento contracíclico. "Entre más mala esté la economía, más conflictos sociales, políticos y judiciales hay, y más se requiere ser abogado", afirma.
“Quizás los estudios que están más arriba por tamaño no son necesariamente los que más facturan”, advierte el consultor Rafael Mery.
Rafael Mery, socio de Mirada 360, pone paños fríos. Reconoce que, ante la ausencia de estadísticas oficiales y públicas, resulta difícil llegar a una estimación precisa. A su juicio, una forma razonable de aproximarse a la facturación de las grandes firmas es multiplicar US$ 250 mil por abogado.
Un socio administrador de un prestigioso estudio de la plaza coincide en que la cifra depende de la muestra considerada. "Si se trata de los aproximadamente 10 mil abogados que trabajan en los estudios más grandes y en boutiques especializadas, el número parece un poco alto. Si se considera a todos los abogados que ejercen en Chile, la cifra puede tener sentido", comenta.
La misma fuente subraya que el mercado aún no está maduro ni saturado, lo que explica desempeños muy distintos entre firmas. Solo en los últimos cinco años, afirma, hay estudios que han crecido a tasas muy diferentes, otros que se han mantenido estables y varios que han retrocedido.
¿Por qué los estudios son reacios a transparentar cifras?
Para Mery, la falta de profesionalización y el celo por evitar que el mercado conozca cuánto gana o pierde una firma explican parte de la opacidad de la industria. A diferencia de otros mercados donde existen rankings públicos que incluso incluyen utilidades por socio, cree que en Chile esto no ocurre porque "tenemos una cultura muy conservadora donde hablar de dinero es de mal gusto".
Sin embargo, añade que hoy el problema va más allá de una cuestión cultural. "Más que mal gusto, es que no se quiere revelar tanta información a la competencia", sostiene.
Mery recuerda que en España el diario Expansión publica anualmente un ranking con la facturación de los estudios de abogados. Si bien no existe una obligación legal para transparentar esas cifras, destaca que sincerar los resultados se considera un activo, porque es una de las formas más objetivas de medir una firma. "España lo hace y no hay razón para que Chile no lo haga", afirma.
Además, plantea que una mayor transparencia podría alterar la percepción actual del mercado. "Quizás los estudios que están más arriba por tamaño no son necesariamente los que más facturan", advierte.
La visión es compartida por el socio administrador consultado por DF. "Me parece que es un asunto principalmente cultural. La austeridad y reserva propias de las profesiones liberales impiden considerar la actividad jurídica como un negocio y, por lo mismo, mostrar resultados", señala.
No obstante, reconoce que la opacidad también puede representar una ventaja competitiva. Si nadie conoce los resultados de los demás, resulta más difícil para los clientes presionar las tarifas a la baja utilizando comparaciones de mercado.
Andreucci identifica tres factores detrás de esta falta de transparencia: la presión interna que generan las cifras sobre abogados más jóvenes, el riesgo de que la competencia atraiga talento y el tradicional bajo perfil del mundo jurídico.
Todo ello ocurre en un contexto en que las tarifas se han ido ajustando. Si se compara con los años '90 o los primeros años de la década de 2000, señala Mery, la mayor competencia ha impactado la rentabilidad de la industria, aunque su efecto en la facturación aún no ha sido significativo.
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