La Asociación Gremial Nacional de Productores de Aceitunas y Aceite de Oliva (Chileoliva) y el Comité de Administración de la Denominación de Origen Aceite de Oliva del Valle del Huasco, activaron una arremetida judicial en contra de lo que llamaron “una red de alta envergadura” que vende alimentos fraudulentos.
Los gremios presentaron una querella criminal -que ya fue admitida a trámite- en contra de una serie de empresas y personas naturales por los delitos de adulteración de productos alimentarios, asociación ilícita y uso malicioso de denominación de origen.
Según detallaron en la acción judicial, durante el último trimestre del año pasado y lo que va de este 2025, han visto “con enorme preocupación” el auge en la comercialización de diversas marcas que se publicitan ante la población como aceites de oliva extra virgen, de supuesto origen en la Región del Valle del Huasco”.
“Estas marcas, cuya difusión se ha magnificado a través de redes sociales tales como Facebook, Instagram, Tik Tok y otros espacios de comercialización menos regulada como marketplaces, han sido el origen a la solicitud de información pública disponible y a una investigación privada que ha terminado por desentrañar tan solo el inicio de una red de alta envergadura y coordinación para engañar al público consumidor, vendiendo productos que no reunirían las calidades ni características que señalan tener, pudiendo atentar contra la salud y la fe pública y, cometiendo de paso, una serie de otros ilícitos”, señalaron.
Los gremios dijeron que las empresas productoras legítimas han enfrentado una competencia desleal de productos fraudulentos que se venden a precios más bajos y cuyas especificaciones declaradas no son tales.
Precisaron que la industria ha tenido que asumir costos adicionales relacionados con la implementación de medidas de control y prevención de fraudes alimentarios.
“Toda la industria se ha visto afectada y ha sido perjudicada con el daño que han causado estos supuestos aceites de oliva extra virgen en el mercado nacional, que por el momento asciende a cuantiosas pérdidas económicas”, afirmaron.
Además, los gremios señalaron que el fraude alimentario, con perjuicio a la salud pública, puede llevar a la exposición a alérgenos, ya que en estas líneas fraudulentas de producción -afirmaron- se mezclan distintos alimentos: “Ello es particularmente preocupante, dado que un porcentaje significativo de la población chilena es intolerante a la lactosa y al gluten”.