Contraloría solicita antecedentes al gobierno por Observatorio Judicial

Por GOnzalo Cerda M.




“Profundizar en la información, sacar una derivada, o consecuencias de esa información, creo que le corresponde esencialmente a centros de estudio, a los centros de pensamiento, y el Estado, de una u otra manera y en la medida que tenga las competencias, no creo que tenga problemas. Ahora si tiene o no competencias será producto de las evaluaciones y de las reclamaciones que están formulando todos los actores que están en juego”. De esta forma, el contralor de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a la propuesta del gobierno de implementar un Observatorio Judicial.

A pesar de reconocer que la Contraloría no tiene ninguna injerencia en este tema, Mendoza aclaró que “todo gasto público tiene que tener una fuente legal y si esto (Observatorio Judicial) materializa un gasto público lo veremos y ponderaremos en su minuto”. Para esto, la entidad ya solicitó a los ministerios secretaria general de Gobierno y del Interior, antecedentes del observatorio.

“No hemos visto ningún contrato, no hemos tenido ningún programa que revisar del punto de vista de su ejecución. Estamos pidiendo a través de la División de Auditorías Administrativas los antecedentes que dicen relación con estas informaciones en el Ministerio Secretaría General de Gobierno y en el Ministerio del Interior para ver si efectivamente, alguna de las glosas de las disposiciones presupuestarias han sido gastadas en ese contexto”, explicó el contralor.

Respecto de los niveles de transparencia del Poder Judicial, Mendoza señaló que actualmente su página web posee un buen nivel de transparencia y disponibilidad de la información, “lo que es premiado en el continente, ese es un dato que nace desde las propias entidades (...) así lo demuestra en una evaluación de un ranking latinoamericano respecto de la información y la disponibilidad de la información por parte de los poderes Judiciales que hace el Centro de Justicia de las Américas (CEJA)”.

En lo que dice relación con la administración de los datos del Poder Judicial, el contralor planteó que eso deber seguir siendo facultad de ese poder del Estado, “pero si eventualmente alguna entidad de derecho privado quiere hacerlo nosotros no tenemos nada que hacer (...) si se trata de disponibilizar y mejorar la información, seríamos inconsecuentes en decir que no queremos más información, ahora cuánto más allá y a quién le corresponde lo que se está hablando, tendrá que verse en un futuro”.

Finalmente, respecto del factor político que rodea este anuncio, el contralor señaló que “el 50%, 60%, 70%, 80% de lo que se haga, se diga o no se haga está teñido por el fenómeno de las elecciones”.

Por eso, agregó que “cada uno desde la perspectiva de las decisiones públicas que se administren, se sugieran o que se empiecen a materializar, lo lleva a su vereda, lo que a nosotros como entidad de control nos impide hacer un diagnóstico serio”.

"Esta no es una medida inconstitucional, no es intervencionismo, es solamente observar y estudiar por qué los jueces de garantía están entregando libertad a personas que han estado 39 veces detenidas". Así defiende el abogado Mario Zumelzu, estrecho asesor de la abanderada Evelyn Matthei, la propuesta en materia judicial de la candidata oficialista.
El jurista explica que si bien todos los poderes del Estado muestran grados de transparencia importantes en su actuar, el que menos se caracteriza por esto es el Poder Judicial.
"Esta iniciativa apunta básicamente a la actividad de los jueces de garantía y, más particularmente, a las concesiones de libertad, porque la sensación que existe en la ciudadanía es que las policías investigan, detienen y los jueces dejan libres".
De hecho, Zumelzu pone como ejemplo el caso de una persona que ha sido detenida 39 veces y sigue en libertad, por lo que "el Observatorio apunta a orientar las políticas públicas desde el punto de vista legislativo".
No obstante, para el abogado Jorge Bofill, esta medida "es un proyecto complicado, por no decir peligroso".
Agrega que "si la calificación de los jueces la hacen los propios jueces, para qué el gobierno quiere tener esta institución con este nombre tan extraño, como es el observatorio judicial".
Y es que tal como explica esto no tiene que ver con el nombramiento de los jueces o los ministros de una corte, donde claramente el gobierno interviene, "pero si uno revisa la forma en que el gobierno ha querido defender este proyecto, y la justificación que le quieren dar que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, de las víctimas sobre los imputados o como ellos llaman, de los delincuentes, no estamos hablando de algo tan diferente al recocido discurso de la puerta giratoria".
Además cuestiona la constitucionalidad de esta iniciativa, argumentando que "si el gobierno pretende conseguir fondos fiscales para promover una fiscalización del trabajo de los jueces por parte de la ciudadanía, en nuestro sistema democrático eso es completamente inconstitucional".
Finalmente respecto a la designación de este observatorio, la Universidad Adolfo Ibañez emitió  un comunicado donde señaló que respecto de lo central de las criticas por la asignación de recursos estatales, la casa de estudios está dispuesta a realizar los esfuerzos para poder implementar este observatorio incluso sin ayuda del Estado.

"Para nosotros el intervencionismo tiene un acotamiento más bien relativo al uso del tiempo y de los recursos públicos", afirmó el contralor respecto de las acusaciones del comando de Michelle Bachelet. "Los comentarios de presidentes de la República respecto de otros programas han molestado, sin duda, porque el presidente tiene un peso específico en el acontecer nacional, pero hasta el día de hoy en realidad nadie ha pretendido que un presidente de la República tenga poder y sea adicionalmente mudo", agregó.