Menos de 24 horas tardó la Democracia Cristiana (DC) para reaccionar a la propuesta constitucional que, el 17 de diciembre, los chilenos deberán o no ratificar en las urnas, con voto obligatorio, y que el Consejo Constitucional despachó este lunes sólo con los votos de Chile Vamos y el Partido Republicano.
Y lo hizo a través de un lapidario informe evacuado por la Comisión Constitucional de la colectividad, integrada por abogados constitucionalistas Juan Ignacio Alarcón, Jorge Correa, Javier Couso, Gonzalo García, Augusto Quintana, José Ignacio Núñez, Edgardo Riveros, Esteban Szmulewicz, Elisa Walker y Andrés Zaldívar. Pero, adicionalmente, el presidente de la colectividad, diputado Alberto Undurraga, junto con dar a conocer el documento adelantó su posición frente a la disyuntiva que habrá que enfrentar el próximo 17 de diciembre, asegurando que "he llegado a la convicción de que lo mejor para Chile es votar "en contra" y lo voy a proponer en la próxima Junta Nacional" que la colectividad convocó para el martes 7 de noviembre, donde se tomará la decisión institucional.
Undurraga admitió haber conversado con el expresidente Eduardo Frei sobre el tema, pero se negó a compartir el tenor de lo comentado, señalando que no acostumbra a referirse a conversaciones privadas.
"Partisano, contradictorio, populista"
Los expertos en la materia concluyen que, “lamentablemente, nos encontramos frente a un texto partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz”.
Estas observaciones se realizan aun antes de que se pronuncie la Junta Nacional anunciada por el presidente de la DC hace unos días, instancia que en conjunto adoptará una postura de cara al plebiscito. Pese a que desde ya se prevé una militancia divida, puesto que otros representantes de la falange han anunciado que también votarán “en contra” la propuesta; pero no se descarta que haya otros en la postura contraria.
De ahí que frente a tan crítico diagnóstico, los expertos del partido, argumentan que respetando las diversas opiniones que puedan tener los miembros de la Junta Nacional y los militantes individualmente, y teniendo presente solamente el interés nacional, damos cuenta de los graves problemas del texto para efectos de que se tome una decisión reflexionada sobre la materia.
Y, desde ya, adelantan su opinión respecto a los pasos que debería seguir el país en el caso de que el 17 de diciembre se impusiera la opción “en contra”. De hecho, señalan que de darse este escenario se debería cerrar el proceso constituyente y Chile seguiría funcionando con las normas que lo rigen en la actualidad. Y que cualquier modificación a la actual Constitución, “se deberá hacer mediante reformas constitucionales”.
Por otro lado, el texto de la DC añade que “algunos de los que acá suscriben estiman conveniente que, en caso que gane la posición “en contra”, se comprometa un cierre al proceso constituyente con un conjunto acotado de reformas que se acuerden en el Congreso, como aquellas doce bases que se acordaron para el actual proceso, junto con mecanismos para abatir la dispersión de partidos en el Congreso después de lo cual podrá establecerse un quórum de 3/5 para la reforma constitucional”.
Lo bueno y lo muy malo
Sin embargo, ello no obsta a que estimen que el aspecto positivo de la propuesta es el referido al sistema político y forma de Estado; más específicamente, en lo que dice relación a la pérdida del escaño del parlamentario que renuncia a su partido político; la iniciativa popular de ley; y el reconocimiento de los pueblos originarios, a pesar de que se hace sin una relación institucionalizada, aclaran.
También valoran positivamente el establecimiento del Estado social y democrático de derecho como “un paso adelante, aunque su regulación pone en duda su efectividad; la consagración del trabajo decente. Asimismo, la regulación de las garantías procesales y de los deberes de cuidado; junto con algunos aspectos sobre derechos de las mujeres como representación en el Congreso Nacional.
En cambio, la lista de aquellos aspectos que consideran negativos es significativamente más extensa y parte por las limitaciones al Estado social, donde entre otras, destacan que “la consagración de la propiedad de las cotizaciones previsionales en la seguridad social, sin la consagración de la solidaridad, dificulta la discusión sobre pensiones al cuestionar y contradecir el Estado social democrático de derecho”.
En este sentido, añaden que, estando de acuerdo que las cotizaciones previsionales que ingresan a las cuentas individuales del trabajador son de su propiedad y garantizan sus derechos previsionales, estiman que “los aportes previsionales de los empleadores deberían también poder destinarse a otorgar solidaridad en forma colectiva al sistema de seguridad social, lo mismo que los aportes fiscales que hagan a esos efectos. Este texto podría limitar las opciones para lograr superar la crisis de sistema de pensiones”.
También abordan lo aprobado en salud, asegurando que “la obligación de previsión privada en toda circunstancia genera la obligación del Estado de proveer servicios privados. Esto dificulta que el Estado pueda fortalecer el sistema público de salud, que es el que da atención a la gran cantidad de chilenos y chilenas”.
Y, cómo no, se refieren también a la norme que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal. A este respeto, argumentan que “el 77% de la población en Chile no paga contribuciones en la actualidad y la gran mayoría de los adultos mayores están exentos. Eximir del pago de contribuciones es equivalente al desfinanciamiento de los municipios. La propia Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ha emitido un comunicado público alertando los enormes riesgos de aprobar esta norma. Esta norma sólo perjudica a los sectores medios y bajos del país”.
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