Un nuevo conflicto surgió a propósito de las parcelaciones de predios rústicos que han estado en la palestra. Esto, luego de que el SAG regional de Los Lagos echara pie atrás a una certificación que ya había concedido, de un proyecto que ya ha concretado más de 200 ventas de lotes.
Ubicado en Frutillar, el caso se centra en Praderas del Pedernal, que se emplaza en 240 hectáreas, 398 lotes, con miras -según sus gestores- a desarrollar parcelas agro-ecológicas, en producción de avellanos, y conservación. La iniciativa está ligada a Inmobiliaria Vive Sur, del empresario Javier Villarroel Meza -también director del gremio Chile Rural- y Raimundo Casanueva.
Según se describe en la resolución exenta del SAG que echó pie atrás a la subdivisión, el caso surgió así: el 3 de abril, Agrícola Ceres presentó la solicitud de subdivisión del predio. El 18 de mayo el SAG regional envió a la Seremi de Vivienda consultas sobre el caso, pero luego, esa misma división regional del SAG, sin esperar respuesta de la seremía, certificó la subdivisión, el 7 de junio.
La respuesta de la seremía llegó días después, el 12 de junio, y en ella, dice que “se ha podido constatar que en el proyecto existen vulneraciones a la normativa”, indicando que se trata de un proyecto residencial que considera la apertura de caminos, movimiento de tierra, dotación de agua potabilizada y para riego, y soterramiento del sistema de electricidad, entre otros.
Así, las cosas, el mismo SAG regional, ahora al mando de un directivo subrogante distinto del que autorizó, cambió la resolución, iniciando un procedimiento administrativo de “invalidación” de la certificación de la subdivisión, fechado el 17 de octubre.
Ante este escenario, Villarroel dice que se estaría afectando el derecho de propiedad, pues ya hay 130 lotes inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas. O sea, propietarios que ya son dueños de sus terrenos, y que prontamente van a llegar a más de 200, considerando las compraventas que están en notaría y por escriturar.
“Nuestro parcelamiento sí tiene un real destino agrícola, ofrecemos el servicio de implementación, mantención y comercialización de avellanos, a través de la cooperativa Terra Viva. Es incoherente el proceso de invalidación, ya que hace una interpretación errada de la normativa, además de no considerar el destino agro-ecológico del proyecto.
La finalidad de esta resolución es la expropiación de los terrenos, vulnerando el derecho de propiedad”, dice el empresario. E indica que este parcelamiento son más de $ 5 mil millones, a un precio promedio de $ 25 a $ 30 millones por lote. “¿Cómo vamos a echar para atrás toda esa operación? Es una locura. Se está vulnerando gravemente un derecho constitucional”, alerta, agregando que están evaluando los caminos legales.
Consultado el SAG, explicaron: “Las personas que compraron sus terrenos de buena fe no se verán afectadas por este proceso, el cual aún no culmina (...) Las personas que tienen sus propiedades inscritas, terceros adquirentes de buena fe, no serán afectados si finalmente se dicta el acto invalidatorio”. Precisaron que la eventual nulidad de la certificación, puede ser parcial y es siempre impugnable ante los tribunales, por lo que hay que esperar el término del proceso.
También agregaron que lo que el SAG hizo fue oficiar al Conservador respectivo, informándole del inicio del proceso de invalidación, pero que como servicio no pueden darle instrucciones. ¿Por qué echaron pie atrás a la certificación? “Se ha instruido a las direcciones regionales del SAG que de existir casos de certificación con manifiesta infracción al DL. 3516, es deber de la autoridad comenzar los procesos de invalidación”, dijo, añadiendo -a propósito de un caso ya visto en tribunales- que le corresponde a la autoridad que no se infrinja la normativa vigente, “toda aquella que sea aplicable al predio rústico”.
Por ejemplo, si existe un bosque nativo, humedales, o que se pretenda un proyecto inmobiliario, “lo que deberá resolverse caso a caso, pidiéndose informes a las instituciones relacionadas, como Conaf, Conadi, Direcciones de Obras de las Municipalidades, etc”. En el SAG añaden que esto se condice con la legislación que le otorga plenas atribuciones legales para proteger y conservar los recursos renovables de Chile, entre los cuales se cuenta el suelo agrícola.
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