“Desde el 12 de diciembre de 2022 siento que saqué un tremendo peso de mis espaldas. Volví a dormir sin pastillas, a tener vida social, volví a hacer ejercicios, a sonreír más, a ser el yo de antes, al menos en cierta forma”.
Este sincero párrafo lo escribió Ricardo Riesco Eyzaguirre, el ex titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y es parte de un inédito texto de memorias que acaba de escribir. ¿La razón? Riesco -quien estuvo al mando de la FNE entre 2018 y 2022- accedió a relatar su experiencia en dicho cargo y hacer público este relato, en el marco de un evento que este lunes se efectuará a instancia del Centro Competencia (CeCo), dirigido por el también exfiscal Felipe Irarrázabal.
En unas 80 páginas, Riesco va tejiendo un relato vivencial, en que desde su mirada personal narra la contingencia que debió afrontar a cargo de la FNE, marcada además por tiempos totalmente extraordinarios, por el estallido social, y luego la pandemia, que le significaron urgencias que se superpusieron al ya exigente devenir del cargo, y que le significaron “el mayor desafío” de su carrera, resume.
A nivel anecdótico, por ejemplo, relató que su conductor en esa época –cuyo cupo luego debieron ocupar para contratar a un abogado– se negó por varios meses a trasladarlo a su domicilio por la vía más directa, que pasaba por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, “porque, según él, prefería morir antes de ver sometido al Fiscal Nacional Económico, bajo su protección temporal, a una práctica como ‘el que baila pasa’. Pese a que me considero un bailarín bastante decente, jamás pude convencerlo de lo contrario, aunque fuese en tono de broma”, escribió el exfiscal.
Su llegada a cargo y la petición de Piñera:
Ricardo Riesco relata que al designarlo como Fiscal, el Presidente Piñera fue “tremendamente respetuoso, amable, deferente”, y que solo le pidió tres cosas: lucha sin cuartel contra las colusiones; tratar de agilizar los plazos del sistema de control de operaciones de concentración -para que no fueran una nueva traba burocrática para realizar negocios e invertir en Chile-, y que el Gobierno tuviera la posibilidad de proponer, “no en forma imperativa, sino que solo a título de sugerencia”, rememora Riesco, mercados o industrias para realizar estudios de mercado.
“Puedo decir con propiedad que cumplimos la primera y segunda petición, pero no la tercera”, escribió en estas memorias. “No hay que abrir puertas”, precisó Riesco a DF MAS, quien dice que estas decisiones se definen internamente, según criterios bastante claros: que sean productos de primera necesidad, impacto en los bolsillos e implicancias masivas, reiteradas denuncias, y en que haya discrepancias regulatorias, por ejemplo, con la Ocde.
Riesco relata que hasta casi el final de su período, solía bromear preguntando si aún no había prescrito el plazo para solicitar “la nulidad por error sustancial del concurso público que culminó con mi designación como Fiscal. En verdad, durante estos 4 años descubrí partes del cuerpo humano que no sabía que podían acalambrarse, dormirse u “hormiguear”, escribió.
El estallido social: “No cabe duda de que los efectos del caso farmacias, pollos y papeles fueron realmente devastadores”
Para el exfiscal muchas de las causas subyacentes del estallido social –aunque haya sido un suceso multicausal y que luego derivó en una violencia reprochable e injustificable– “eran o al menos deberían haber sido conocidas por gran parte de la ciudadanía en esa época, en especial de las élites, porque decían relación con la insatisfacción total o parcial de necesidades primarias y sentidas de las personas, especialmente de los más necesitados y de una agobiada clase media. Quizás, inexcusablemente, no había y sigue no habiendo conciencia de lo que vivían y viven aún muchos de nuestros compatriotas”, apuntó.
Pero además enlazó el estallido social con la “profunda huella” y el “enorme daño” que causaron los tres principales casos de colusión en la ciudadanía chilena: Farmacias, Pollos y Papeles.
“Yo, al menos, no conozco otro país del mundo en que se hayan destapado, perseguido y sancionado, en menos de una década, casos tan relevantes de colusión que recayeran sobre bienes de primera necesidad y que involucraran a algunos de los grupos económicos nacionales más grandes, tradicionales y reputados. El estallido social volvió a poner a los abusos empresariales, graficados en la colusión, en el centro de la atención pública. No cabe duda de que los efectos del Caso Farmacias, Pollos y Papeles fueron realmente devastadores y constituyeron una de las principales causas de la demolición de la confianza de la ciudadanía no sólo en nuestro sistema económico, sino que también de nuestro sistema político, minando gravemente –espero que no irrevocablemente– la confianza de las personas en las instituciones públicas y privadas”, sentenció Riesco.
Y apuntó a que como las empresas son esenciales en la vida de las personas, e indispensables para el crecimiento y el desarrollo de los países, “lo importante es cómo logramos reparar ese tejido social”.
“A nivel personalísimo, creo que el mayor enojo de la ciudadanía contra nuestro modelo económico proviene de lo que se han denominado ‘micro abusos’”, dijo en alusión a las dificultades que el consumidor sufre diariamente al enfrentar situaciones como demoras excesivas, injustificadas o excusas para cerrar una cuenta o terminar un servicio; o para obtener el reembolso de un cobro en exceso o erróneo; o para obtener el retorno de un producto defectuoso.
“¿Cuánto tiempo, energía y rabias pasamos los consumidores en esta clase de problemas? La calidad de servicio en Chile puede y debe mejorar. De todo esto depende, en buena parte, la sostenibilidad futura de Chile”, sostuvo.
La agenda Anti Abusos: “Nos parecía a todas luces un anuncio mucho más efectista”
Ricardo Riesco recordó que el 9 de diciembre de 2019, a menos de dos meses de iniciado el estallido social, el gobierno de Piñera, asesorado en lo que respecta a la FNE por el Ministerio de Economía, anunció la Agenda Anti Abusos por un Trato Digno y Justo, que entre otras medidas, buscaba fortalecer a la FNE con nuevas herramientas para prevenir, investigar y denunciar los carteles y otras conductas anticompetitivas.
Por ejemplo, el alzamiento del secreto bancario, así como aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectivas, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad.
Relata que el Gobierno consultó cuáles eran, a juicio de la FNE, las mejores medidas a anunciar públicamente, dado que permanecer en la inmovilidad, no era una opción políticamente posible.
“La FNE se mantuvo incólume en que la institución no necesitaba más herramientas (…) Solamente necesitaba más recursos (…) Nos parecía a todas luces un anuncio mucho más efectista, que un cambio legislativo técnico”, dijo Riesco en su relato, detallando que el camino presupuestario solo hubiese implicado para el Estado de Chile un gasto anual no superior a alrededor de $350 millones, duplicando el número de funcionarios que persiguen carteles.
“Por razones que hasta el día de hoy sigo sin comprender y que, con total sinceridad, me causan una tremenda frustración por no haber logrado ser más persuasivo, no fuimos capaces de convencer de esta propuesta ni al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ni tampoco al Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
En este punto profundizó todavía más, dado que luego durante este gobierno la FNE no tuvo aumento de presupuesto. “Tratamos en forma reiterada, de explicarle y convencer al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de funcionarios del Ministerio de Economía, que la mejor reforma que se podía realizar para defender la libre competencia era aumentar el presupuesto de la FNE. Lamentablemente, se nos indicó, una y otra vez, de manera tajante, que no era factible entregarle recursos adicionales a la FNE. Me resultó aún más incomprensible, dado lo que supuestamente se esperaría de gobiernos de este signo político”, dijo.
Y considerando además el “enorme énfasis público que, al menos durante la campaña presidencial, la coalición actualmente gobernante dio a la necesidad de introducir mayor competencia a los mercados que, en su concepto, estarían todos altamente concentrados”, apuntó.
“A mí al menos no me cabe en la cabeza que para el año 2023, el Ministerio de Economía haya recibido un aumento presupuestario total de un 19% y no haya destinado ni un solo peso –es decir, un 0%– a la FNE (…) Me parece que, como país, estamos poniendo desde hace mucho rato los huevos en canastas equivocadas”, manifestó.
Respecto del mérito de las medidas contenidas en la mencionada Agenda Anti Abusos, Riesco sinceró que “ninguna de ellas implicaba ni implicaría un cambio sustancial –diría que ni siquiera relevante, sino meramente tangencial– para mejorar la ya muy exitosa política anti colusión”.
Aún más, y sobre la medida más controversial, aquella que aumentaba el piso de la pena de prisión cuando la colusión versaba sobre bienes y servicios de primera necesidad, dijo tajante: “¿Ustedes se imaginan la calidad de la prueba que hay que obtener y agregar al proceso y el nivel de convicción que hay que producir en un juez para que se sentencie entre 5 y 10 años de cárcel, sin cumplimientos sustitutivos posibles, a una persona que probablemente no tiene antecedentes penales previos y a la cual se le está enviando a una ‘universidad del delito’, como son las prisiones en Chile? Es por eso mismo que el populismo penal es tan nocivo”, sentenció.
Tratar de “reconciliar” a la ciudadanía con las empresas
Riesco apunto que, si bien el empresariado y, especialmente, las asociaciones gremiales han avanzado, “deben tomar aún mayor conciencia de la necesidad de realizar acciones concretas y efectivas para reconciliarse con las personas y a éstas con la economía de mercado. Porque con todos sus defectos –entre ellos, la tendencia a la concentración económica y consecuente desigualdad que genera el capitalismo–, el ser humano no ha inventado aún un sistema económico que genere mayores eficiencias productivas y, por tanto, mejores condiciones de vida materiales para la población en general. De la efectividad de esta tarea depende finalmente en gran parte, a mi juicio, la sostenibilidad de Chile”.
Proyectos que no ven la luz: “No entiendo, me supera y me frustra”
El ex titular de la FNE recordó en su narración que el 20 de noviembre de 2019, un mes y dos días después del estallido social, la FNE dio a conocer los resultados de su estudio preliminar sobre el mercado de medicamentos, cuyo informe evacuó el 23 de enero de 2020. Y después de más de dos años de tramitación, el proyecto de ley de Fármacos 2 recogió en forma casi total las recomendaciones formuladas por la FNE en su estudio, quedando listo al final del gobierno de Piñera. No obstante, el Congreso y el actual gobierno no han promulgado esta ley que bajaría sustancialmente los precios. “No entiendo, me supera y me frustra que una reforma legal tan relevante para la ciudadanía y tan capaz de dejar un legado potente para cualquier gobernante, se haya postergado de esta forma inexplicable”.
La inflación, las denuncias parlamentarias, y la grave carga de trabajo a “cuestiones no prioritarias”
Sin haber superado el estallido, sobrevino la pandemia, y luego la inflación, que significó una proliferación de denuncias por colusión, por parte de privados, “pero principalmente por parte de parlamentarios. Por razones más que evidentes es más complejo declarar inadmisible una denuncia parlamentaria cuando carece de verosimilitud o fundamento plausible. No pocas veces la FNE debe abrir una investigación, con todo lo que eso conlleva, para poder seguir navegando con rumbo firme en paralelo a las turbulentas aguas del mundo político. Ello dificulta en extremo priorizar, genera una grave carga de trabajo, tiene un alto costo alternativo y desvía los escasos recursos de la FNE a cuestiones no prioritarias”, alertó Riesco, quien fue crítico de esta forma de encarar el problema. “Es mucho más fácil y mucho más entretenido y lucrativo, para los conspiracionistas, pensar que los precios subieron en su momento porque los empresarios codiciosos se coludieron en perjuicio de la ciudadanía”, dijo, señalando que al menos se esperaría que las personas tengan un conocimiento al menos básico de cómo funciona la ley de la oferta y de la demanda.
Los duros intercambios con el ex Fiscal Nacional Jorge Abbott:
Un segundo fenómeno de esta época que Riesco describe fue la proliferación de citaciones a las más diversas comisiones del Congreso para reforzar la persecución y sanción de la colusión, la “supuesta causa del alza generalizada de precios”.
En una de aquellas ocasiones, y luego de que el Fiscal Nacional Jorge Abbott señalara “con gran énfasis que resultaba inaceptable que el ejercicio de la acción penal por colusión quedara radicado en un funcionario administrativo de rango meramente legal –dejando entrever que el Fiscal Nacional Económico era un mero monigote del gobierno de turno–, yo contesté, utilizando varios ejemplos, que el Ministerio Público había demostrado ser especialmente inepto en la persecución y sanción de delitos económicos, a tal punto que las famosas ‘clases de ética’ habían sido el resultado del ejercicio de una acción penal, no de una acción en sede de libre competencia”, recordó. “Mirando hacia atrás, creo que ambos subimos el tono más allá de lo aconsejable. Aprendí la lección de que nunca hay que ‘picarse’”, dijo en su relato.
El lapidario juicio sobre las Comisiones Investigadoras: “inoficiosas”
Otro elemento que cuestionó Riesco fueron las Comisiones Investigadoras en la Cámara de Diputados que, al menos para efectos de investigar eventuales ilícitos cometidos por agentes económicos privados, ellas son ilegales e inconstitucionales, porque no recaen sobre ‘actos de gobierno’”, dijo. También porque la FNE no puede ni podrá decir nada en el marco de estas comisiones “por la sencilla razón que está obligada por ley a guardar la confidencialidad de sus investigaciones”. Y en tercer lugar, apuntó, “estas Comisiones Investigadoras son inoficiosas. Sus informes no han servido, al menos hasta la fecha, para fin alguno”.
La poca acogida de los estudios de mercado en el Congreso
Riesco constata que si bien los estudios de mercado de la FNE tuvieron muy buena acogida en el Poder Ejecutivo, la reacción del Poder Legislativo fue justamente la inversa. “No puede concluirse otra cosa si ninguna recomendación contenida en un estudio de mercado de la FNE se ha transformado en ley, pese a que todos y cada uno de los estudios de mercado de la FNE decían relación con mercados altamente prioritarios y sensibles para la población. Lamentablemente, los parlamentarios no lograron –o no quisieron– entender que no todas las fallas de los mercados se deben a las conductas de los agentes económicos, específicamente a colusión”, apuntó.
Detalló que frente a cualquier diagnóstico que hacía la FNE en sus estudios de mercado, cualquiera fuere el lenguaje que se utilizara para evitar malentendidos, “en el Congreso Nacional se rasgaban vestiduras, se condenaba inmediatamente a las empresas, se abrían comisiones investigadoras y se abandonaba la tramitación de los cambios normativos que eran y siguen siendo necesarios. En definitiva, el Congreso Nacional centraba sus fuerzas en buscar un culpable, un chivo expiatorio”, planteó.
El momento de la acción penal. “No hay paciencia política y ciudadana que aguante”
Un tema al que Riesco le dedicó especial atención fue el sistema actual para la sanción penal en caso de colusión, en que debe esperarse el fin del proceso y quien lo activa es la FNE.
“Esta solución es muy buena, pero con justicia hay que reconocer que retrasa significativamente el ejercicio de la acción penal. Entre la detección, investigación, persecución y sanción en sede de libre competencia pueden transcurrir ¿hasta 10 años? No hay paciencia política y ciudadana que aguante. Y no hay institucionalidad de libre competencia que aguante ante la virulencia de este cuestionamiento. Si cuando llegue el momento la FNE no muestra su disponibilidad a tratar esta materia y se acoraza, corre el riesgo de ser excluida no solo de la discusión, sino que también de la solución”.
Riesco plantea a DF MAS que está consciente de las complejidades de reflotar ese tema, pero -reconoce- la presión en este tema es gigantesca. “El sistema tiene que convivir con algo penal (…) Para bien o para mal, sanciones que no llevan aparejadas penas de cárcel no legitiman el sistema”, apunta.
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