Dos paros en desarrollo tenía el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuando asumió en agosto pasado. Y aunque logró destrabar la movilización del Colegio de Profesores por la deuda histórica y la huelga de Integra por las condiciones laborales, el conflicto más desafiante vino de otra latitud y fue del todo inesperado: los docentes de la Región de Atacama, que llevan más de 60 días sin clases a raíz de la implementación del Servicio Local de Educación Pública (Slep) en la zona y que incluso habían solicitado cerrar el año escolar anticipadamente, aduciendo la existencia de una “emergencia educativa” en la Tercera Región.
Pero la maratónica reunión de nueve horas que mantuvieron este miércoles 8 de noviembre con los dirigentes del colegio de profesores de Atacama, Carlos Rodríguez; su homólogo a nivel nacional, Carlos Díaz, y la dirigenta de Copiapó, Yariela Ardiles; con el ministro Cataldo, fue clave en la resolución del conflicto.
En esta cita también participó, además del equipo técnico de Mineduc, Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete de la subsecretaría del Interior, quien debió explicar que la figura de “emergencia educativa” no existe y por ello era impracticable terminar anticipadamente las clases en la nortina región.
Para Cataldo fue clave instalar en la narrativa que la posibilidad de cerrar el año escolar no era un punto negociable y se volvía sí o sí. Y, según cercanos, lo logró. Pero debió comprometer varias cosas, entre ellas, visitar nuevamente la zona -el 13 de septiembre fue a la desértica región en su rol de ministro- para monitorear las obras; un plan pedagógico ad hoc; una mejora en infraestructura de mediano y largo plazo para enfrentar el año escolar 2024; agilizar la entrega de recursos complementarios; así como controlar que las obras se ejecuten a nivel comunal, entre otros puntos.
Un tema poco conocido es que en octubre partieron las obras de mejoramiento de la infraestructura, donde en el financiamiento de las inversiones, en Atacama concurren tres instancias: las empresas mineras, el Servicio Local de Educación Pública y los municipios. Por parte del Estado, hay un aporte de $ 1.700 millones.
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