Con el verano a la vuelta de la esquina, el lago Villarrica -Región de La Araucanía- se prepara para recibir a miles de turistas, pero entre el bullicio de los visitantes, hay algo que no pasa desapercibido para las autoridades: las estructuras marítimas en la orilla de los lagos. Cada año nuevas obras -muelles, muros, rellenos, boyas, botaderos, entre otros- aparecen en sus orillas, y no todas cumplen con la ley, escenario que ha generado preocupación entre las autoridades y vecinos por su impacto en el ecosistema.
Según un reciente levantamiento de información del Puerto del Lago Villarrica, ligado a la Armada de Chile, se han catastrado 848 estructuras marítimas en las orillas de éste, tanto en la comuna de Pucón como en Villarrica. Del total, 232 no tienen ningún trámite de regularización iniciado; 233 están en dicho proceso; 17 han obtenido un decreto supremo otorgado por las Fuerzas Armadas; y 21 fueron mal registradas.
Además, la Armada tiene 371 ocupaciones detectadas que no han podido ligarlas con sus propietarios, lo que podría incrementar aún más el número de estructuras irregulares.
El capitán del Puerto del Lago Villarrica, Paul Hudson, explicó que estas 232 estructuras tienen el carácter de ilegal, ya que se encuentran ocupando bienes de uso público y fiscales sin regularización, escenario que limita el acceso y el libre tránsito de la comunidad por el espacio, además de causar impactos medioambientales en la zona.
“La ley hay que cumplirla. Es obligación tener una concesión marítima para levantar una estructura en el borde costero. Acá se están aprovechando de un bien nacional de uso público para fines particulares. Actualmente hemos enviado 232 avisos a los propietarios de estas ocupaciones irregulares, o se acatan a la norma o verán las consecuencias de ésta”, asegura Hudson.
Evadiendo un pago
¿Qué ganan los propietarios que no regularizan sus estructuras marítimas a orilla de lago? El asociado senior de Lavín Abogados, Arturo Lavín, explica que al estar irregulares, los dueños de estas obras están evadiendo el pago que corresponde hacer por estas ocupaciones.
De acuerdo a la Ley de Concesiones Marítimas, cualquier estructura que está construida o instalada sobre el borde costero de un lago requiere de una concesión marítima menor o mayor, la cual es otorgada por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas (SSFFAA), entidad ligada al Ministerio de Defensa Nacional. Una vez que se obtiene el permiso, el propietario pagará por semestres o anualidades anticipadas una renta mínima de un 16% anual sobre el valor de tasación de los terrenos, practicadas en cada caso por la Inspección de Impuestos Internos correspondiente.
A esto se le suma que existe un cobro retroactivo de cinco anualidades hacia atrás, por lo que el propietario también deberá pagar esta renta mientras estuvo en proceso de regularización.
“Los privados que no están regularizados están evadiendo estos pagos. Pero al fin y al cabo, éstos siempre se descubren. Esto comenzó en Villarrica, pero se está extendiendo a otros lagos. Estamos viendo una sobreexplotación de los espacios, lo que contamina muchas zonas del país”, declara Lavín.
Cabe destacar que no todas las obras necesitan una concesión marítima. Lavín explica que existen permisos transitorios no renovables que se pueden pedir todos los años por un periodo de tiempo para estructuras desarmables o retirables, como muelles inflables y boyas, entre otros.
Sanciones
Cuando la Armada detecta una obra irregular en el borde del lago, entrega un acta de certificación de ocupación ilegal al propietario de ésta, informándole de su situación. A partir de ese momento, existen dos caminos.
En primera instancia, la Armada le envía los antecedentes a la Delegación Presidencial Provincial, para que ésta ordene la desocupación de la estructura mediante el auxilio de la Fuerza Pública, o una posible demolición. Asimismo, la entidad gubernamental le manda los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se demande la indemnización de los perjuicios por dicha ocupación irregular.
La única forma de suspender estas sanciones es comenzando el trámite de regularización mediante la solicitud de concesión marítima, proceso que tiene una duración estimada de cuatro a cinco años.
El largo proceso de regularización ha traído molestias en propietarios que están intentando obtener la concesión marítima, ya que denuncian una serie de trabas que hacen mucho más engorroso obtener este tipo de permisos.
Ante este escenario, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas señaló que han implementado mejoras en la gestión de entrega de concesiones marítimas, las cuales han permitido reducir los tiempos de tramitación de forma sostenida.
“Del mismo modo, y tomando en cuenta la situación particular del Lago Villarrica, la Subsecretaría ha considerado la eventual adopción de medidas de refuerzo en el caso de que se genere un gran aumento de usuarios que ingresen solicitud para regularizar su situación”, declaró la entidad.
Colico y Caburgua en la mira
La fiscalización que está llevando a cabo el Puerto del Lago Villarrica no es algo nuevo. El gerente general del centro de estudios marítimos Oceanpro, Humberto Ramírez, comenta que a pesar de que las estructuras marítimas se deberían haber comenzado a regular desde hace años, esto comenzó recién en 2021 a raíz de un informe enviado por la Contraloría General de la República, un documento en el cual detectó 643 estructuras de apoyo marítimo y recreacional sin la concesión marítima respectiva, acusando a los propietarios de ocupar de forma ilegal los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales como playas, terrenos de playas fiscales, rocas, fondo de lago y porciones de agua.
Esto llevó a Contraloría a solicitar a la Capitanía del Puerto de Villarrica que comenzara a fiscalizar el borde costero de la zona, con el objetivo de regular las estructuras marítimas del borde costero. La acción llevó a disminuir estas obras irregulares en un 64% en los últimos cuatro años, pasando de 643 estructuras en 2021 a 232 en 2024.
“Hay una costumbre instalada desde que se comenzaron a poblar los lagos, pero eso ha hecho que se privaticen espacios que son bienes nacionales de uso público. Hoy día el Estado de Chile se está haciendo presente y está regularizando esto, algo que era necesario y urgente. Lo vemos en todos los países desarrollados, por qué no nosotros”, recalca Ramírez.
A pesar de que hoy el proceso de fiscalización solamente está consolidado en Villarrica, actores de la industria comentan que ya se está comenzando a mirar otros lagos del país.
Paul Hudson explica que por parte de su jurisdicción ya tienen ampliamente avanzada la fiscalización en Colico, y agregó que están planificado partir un proceso en Caburgua, ambos también lagos de la Región de La Araucanía.
Además, Ramírez señaló que como empresa han visto que los procesos de fiscalización en Calafquén, Ranco, Panguipulli y áreas de Valdivia están cada día tomando más fuerza.
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