Casi 20 mil horas de trabajo de abogados, 675 mil fotocopias, 66.500 emails, US$ 122 mil en alimentación, hoteles y traslados de testigos, estudios de profesores del MIT y Babson, avisos en la prensa de Estados Unidos y millones de páginas traducidas al inglés. Así termina cinco años después en Nueva York el juicio por los efectos de las platas políticas de SQM en sus ADR. A partir de los próximos meses se comenzarán a repartir los US$ 62,5 millones que la firma chilena se comprometió a entregar como parte de un acuerdo colectivo al que llegó con un grupo de inversionistas internacionales liderados por el fondo inglés Tyne and Wear.
El 8 de abril venció el plazo para subir las solicitudes para acceder a parte de esa indemnización en un sitio web, creado especialmente por el grupo de abogados del estudio Robbins, Geller, Rudman & Dowd, que reúne las demandas de fondos e inversionistas minoritarios de SQM que comenzaron a activarse en Estados Unidos en 2015 cuando en Chile se destapó el caso del financiamiento ilegal de la política. Ellos alegan que producto de eso, sus ADS -acciones de SQM emitidas y transadas en Estados Unidos, y por lo tanto bajo las normas de ese país- fueron afectados a la baja.
La investigación obligó a la minera chilena a desplegar todas sus fuerzas en el extranjero para tratar de terminar con la acción judicial, mientras que a la vez entregaba y depuraba -varias veces- a instancias del tribunal norteamericano miles de documentos.
En sus resultados, SQM informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que las ganancias del tercer trimestre se vieron afectadas por el depósito de los US$ 62,5 millones que ahora comenzará a ser repartido.
El inicio del reparto se produce en momentos en que SQM pasa por una de sus mejores semanas en la bolsa, luego de que se conociera el interés del fondo brasileño de capital privado IG4 por comprarle parte de la propiedad a Julio Ponce, el principal accionista de la productora de litio, en US$ 916 millones.
El juez de Trump
El caso estuvo a cargo del juez del distrito sur de Nueva York, Edgardo Ramos, el mismo que se enfrentó a Donald Trump en 2019 autorizando al banco alemán Deutsche Bank y al estadounidense Capital One a entregar información financiera del entonces presidente estadounidense a los dos comités de la cámara baja del Congreso que la solicitaron.
La demanda de Tyne and Wear acusa que la intromisión de la minera en la política chilena entre 2010 y 2015 perjudicó a todos los inversionistas, dado que producto del escándalo en Chile los ADS se vieron afectados. “SQM no cumplió con la ley chilena o estadounidense o con las normas contables aplicables, no tuvo controles internos efectivos y no publicó estados financieros precisos porque la compañía, principalmente a través de su ex CEO Patricio Contesse, realizó pagos ilegales a políticos y sus apoderados durante más de seis años y falsificó sus cuentas para ocultar el esquema. Cuando se revelaron los hechos verdaderos relacionados con la naturaleza, el alcance y el impacto financiero de estas supuestas tergiversaciones y omisiones, el precio de SQM ADS disminuyó”, es el argumento clave del proceso.
En sus escritos hablan de Julio Ponce, controlador del Grupo Pampa, como “el controvertido presidente de la compañía”.
Inicialmente, SQM trató de desestimar el caso, argumentando que debería haberse presentado en Chile, donde se produjeron los hechos, y no en Nueva York. Cuando vieron que esa estrategia fracasaba, contrataron varios informes para poder demostrar que el precio de los ADS jamás fue afectado por todo lo que pasaba en Chile.
Tyne and Wear sostuvo que en total los costos causados por los daños al precio de sus papeles superaron los US$ 4,4 millones.
El exasesor de Bush
SQM estuvo representada por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, uno de los estudios de abogados de Estados Unidos más reputados en el trámite de casos de transnacionales.
Su alegato se centró siempre en negar el daño a los inversionistas y en que la ley de valores de Estados Unidos no fue violada. La firma sostuvo hasta el final que el caso debía ser litigado en Chile, donde se encontraban los testigos y las pruebas. Pero esas peticiones no fueron atendidas.
Durante su defensa, SQM allegó estudios de Walter N. Torous, profesor del mercado de valores del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts por sus siglas en inglés) y de un exasesor de George W. Bush experto en daños y perjuicios y decano de la Columbia Business School, Glenn Hubbard.
Todo eso para contrarrestar especialmente el informe de Steven P. Feinstein, profesor asociado de finanzas en Babson College. Contratado por los demandantes, el también fundador y presidente de Crowninshield Financial Research, Inc., determinó que el mercado sí funcionó mientras SQM se metía en la política chilena. Pero que, producto de las declaraciones incorrectas o falsas de la empresa, los inversionistas terminaron siendo afectados.
Otro informe que contrataron los dueños de ADS fue el de Bjorn I. Steinholt, de la consultora Caliber Advisors, Inc., que también evidenció perjuicios.
Para rebatir el planteamiento, SQM también fichó al abogado chileno, Gabriel Bitrán, de Bitrán y Asociados.
El 8 de mayo de 2017, la firma chilena recibió un primer conjunto de solicitudes de documentos para presentar en Nueva York: todos relacionados con la investigación interna del esquema de pagos ilegales. Casi un año después, en enero de 2018, le pidieron que enviara copia certificada de hasta quienes podrían ser sospechosos de haber recibido pagos con boletas falsas. En total, la respuesta de Santiago incluyó más de 531 mil páginas.
Los viejos conocidos de Sailingstone Capital
Durante el proceso, los demandantes pidieron declaraciones y antecedentes a cientos de personas, especialmente del mercado financiero chileno e internacional. A las 17 corredoras que cubrían la acción les preguntaron por los efectos de las platas políticas, y varias de ellas enviaron desde Santiago copias de sus reportes accionarios de esas fechas.
Los demandantes también fueron a Canadá. Estuvieron en las oficinas de la ex accionista de SQM, Potash Corporation (que después fue adquirida por Nutrien), para hablar con Wayne Brownlee, quien fue miembro del directorio de SQM hasta su renuncia en 2015, acusando a la empresa chilena de no haber realizado una “investigación apropiada” sobre el caso ni mucho menos haber colaborado con el Ministerio Público en la investigación que el ente persecutor llevaba a cabo. En esa ocasión además de Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, dejaron la mesa de la minera no metálica por las mismas razones.
Pero había un viejo conocido de SQM que no podía faltar: Sailingstone Capital, el fondo norteamericano, que llegó a tener el 20% de la serie B de SQM y que fue un fuerte opositor a la gestión de Julio Ponce en la compañía. Tras vender todo en 2018, este año compró el 0,21% de la compañía.
Sailingstone Capital pidió el 2015 a la SEC la salida de Patricio Contesse Fica y del mismísimo Julio Ponce Lerou, exigiendo mejoras en el gobierno corporativo. Y de eso volvió a hablar con quienes esta vez se enfrentaron a los principales accionistas de SQM.
Por los demandantes, el abogado chileno Andrés Jana fue contratado.
En total, según los documentos allegados por los abogados del caso, se gastaron poco más de US$ 1 millón en poder sacar adelante la investigación, pagar a consultores, expertos y traductores, hacer investigación legal y fáctica en línea, tarifas de mediación, viajes y hoteles. Además de un aviso de prensa en el New York Times, entre otros.
En sus reportes financieros SQM sostiene que la demanda “cuestiona ciertas declaraciones emitidas por la Sociedad asociadas al cumplimiento o implementación, por su parte, de las leyes y normas que la regulan, de la eficacia de sus controles internos, de la adopción de un código de ética consistente con los requisitos de la SEC, de sus rentas o ingresos e impuestos pagados y de las normas contables aplicables”.
El 19 de abril de 2018, cuando el juicio ya entraba a su tercer año, las partes decidieron entablar una mediación. Ficharon al conocido árbitro Layn R. Phillips (ver recuadro), pero no hubo caso. Phillips continuó participando y recomendó a las partes allanarse a un trato.
El 11 de noviembre de 2020 salió humo blanco. Hubo un apretón de manos por Zoom. A cambio de los US$ 62,5 millones, que se comenzarán a repartir en Nueva York.
El árbitro de los IPhone ralentizados
El 19 de abril de 2018, las partes decidieron sentarse a conversar. El caso ya iba para los tres años cuando se acercaron a Layn R. Phillips (Ret.), un ex juez de la corte de distrito federal de Oklahoma y árbitro que es descrito como un crack del área en su país.
En las últimas semanas, el árbitro ha estado en los medios estadounidenses hablando del plan de compensación por US$ 500 millones que iniciará Apple tras una demanda colectiva global presentada por la obsolescencia programada de algunos de sus dispositivos, y que en Chile repartirá hasta US$ 3.4 millones.
La empresa estadounidense fue demandada en el 2018 por miles de usuarios de teléfonos iPhone de los modelos 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE en Estados Unidos. Después se sumaron de otros países.
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