Nada bien cayó en el Congreso la noticia acerca de que 25 mil funcionarios públicos habrían viajado fuera del país estando con licencia médica, por lo que, tanto desde la oposición como del oficialismo, anunciaron medidas fiscalizadoras, para que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse.
Por lo pronto desde la UDI, un grupo de diputados anunció que solicitarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se querelle contra los más de 25 mil funcionarios públicos involucrados y enviarán un oficio a la Contraloría para que inicie los sumarios correspondientes y se identifique a los responsables.
A partir de la información develada en el informe de la propia Contraloría, el diputado Felipe Donoso señaló que “es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deben destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales”.
Además, el propio Donoso, junto con sus pares Flor Weisse y Daniel Lilayú llamaron al Ministerio de Hacienda a tomar medidas para recuperar los recursos defraudados y anunciaron que impulsarán una revisión al sistema de emisión y fiscalización de licencias médicas para impedir que se repitan estos hechos.
Mientras que sus socios de Renovación Nacional (RN), que calificaron de “escándalo nacional” lo ocurrido con las licencias médicas, anunciaron que llevarán los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue y se sancione a los responsables. El jefe de la bancada, diputado Miguel Mellado, agregó incluso que harán una denuncia por fraude al Fiscal, ante el organismo.
Además, oficiarán a cada uno de los ministerios y reparticiones implicados para que se inicien los sumarios administrativos correspondientes y se generen sanciones ejemplares, incluida la desvinculación de los responsables.
El diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda le mandó un mensaje al titular de la cartera: “Le decimos al ministro Marcel, ahí tiene a 25 mil personas que trabajan con recursos de todos los chilenos, con los cuales se puede hacer un recorte importante”.
Para el senador de RN Francisco Chahuán lo ocurrido amerita “una denuncia criminal por mal uso de instrumento público y que restituyan los dineros”.
Senador Iván Flores: “Es algo que hay que cortar de raíz”
Por su parte, el integrante de la Comisión de salud de la Cámara, diputado independiente Tomás Lagomarsino, anunció que enviará al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes por los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país entre los años 2023 y 2024, cuando se encontraban con licencia médica. A juicio del legislador la situación constituye una “malversación de recursos fiscales” y anunció también que pedirá que se pronuncie sobre estos hechos la Superintendencia de Seguridad Social.
Desde el punto de vista de otra integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada Ana María Gazmuri (Partido Acción Humanista), lo ocurrido “no sólo vulnera la fe pública, sino que también daña la credibilidad de todo el sistema de salud laboral y previsional”; por lo que exigió al Gobierno “que actúe con total proactividad, que se instruya una auditoría profunda y que el Consejo de Defensa del Estado tome cartas en el asunto”.
El socialista integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro también anunció que a partir del informe de la Contraloría recurrirá al CDE, que “es quien defiende el patrimonio del Fisco, patrimonio defraudado por funcionarios del mismo Estado”, lo que –a su juicio- “es una vergüenza”.
Y añadió que “el Gobierno debe tomar medidas al más alto nivel, porque el Poder Ejecutivo no puede tener autoridades que tengan corazón de abuelita como uno que dirige un servicio de salud en Santiago y no cobre ni devuelva la plata de los que hoy día la están despilfarrando a partir de una licencia médica falsa".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, senador DC Iván Flores, espetó que lo ocurrido “es algo que definitivamente hay que cortar de raíz”. Porque, “hay US$ 3.000 millones defraudados en licencias médicas mal utilizadas, esa es la cifra global”, advirtió. Incluso agregó que los funcionarios públicos involucrados “tienen que devolver la plata si están identificados, si fueron contrarrestados con la información de la PDI”; porque “esto, además de una falta administrativa, es un delito”.
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