“Vengo en interponer querella criminal por los delitos de estafa y apropiación indebida”, dice la primera acción judicial tras el fin de Sunflower Technologies. La presentó la nutricionista J. P. H., y va dirigida en contra de Jaime Mena, quien fuera el gerente general de la empresa en Chile; Zhiqiang Yang, su representante legal; y todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores.
“La suma de los antecedentes expuestos da cuenta de una operación diseñada para inducir confianza inicial, motivar la entrega de dinero bajo supuestos falsos y posteriormente retener ilegítimamente los fondos aportados, causándome un perjuicio económico concreto y un grave daño emocional”, dijo Javiera Pizarro en su querella.
Y añadió: “He tenido conocimiento de que otras personas también resultaron afectadas por el mismo sistema, en circunstancias similares, lo que sugiere un patrón reiterado de captación engañosa, operado bajo una lógica estructural que se asemeja claramente a un esquema piramidal o tipo Ponzi”.
Se estima que más de 3 mil chilenos fueron afectados por esta nueva estafa piramidal de Sunflower Technologies, que funcionó durante casi dos años. Con oficinas en Las Condes, empleados formales, e inversionistas tranquilos, todo parecía legítimo. Pero a inicios de julio de 2025, tras dos retiros de más de US$ 100 mil, los dueños -supuestamente singapurenses- desaparecieron.
En su querella, Javiera Pizarro solicitó, entre otras materias, que se ordene la retención de fondos de la empresa y de quien fuera su máximo ejecutivo en el país y de su representante legal. “Ambos suscribieron los estatutos y ejercían control sobre la operación de la plataforma digital al momento de los hechos”, sostuvo en su acción judicial.
Consultado por la querella, Jaime Mena dijo a Diario Financiero: “No participé en la creación de la empresa ni la plataforma; me contrataron tres meses posterior por LinkedIn. Cuando llegué a la empresa, ésta pagaba dos oficinas en Las Condes por sobre $ 15 millones mensuales. Había personas de RRHH, contabilidad, marketing, vendedores, asistentes, todo me pareció correcto. Declararé y aportaré todos los antecedentes, además de proceder a mi defensa con abogado que provee el Estado de acuerdo a mis derechos”.
El exejecutivo, añadió: “Soy inocente y tengo los antecedentes para demostrarlo. No tomé un peso de clientes; actué sin dolo, solo siguiendo mi contrato de trabajo. El día que denuncié a la PDI abrí mi secreto bancario. No me quedé con dineros guardados, también los perdí en la plataforma”.
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J. Troncoso Ostornol
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