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Publicado: Martes 26 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
En un 4,3% cifró el gobierno la adhesión al paro de 72 horas que iniciaron ayer los funcionarios del sector público en rechazo a la propuesta de reajuste salarial que les hizo el gobierno y que alcanza el 4,4%, mientras que ellos demandan un 7%.
Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, sostuvo que “el apoyo al paro el día de hoy (ayer) fue minoritario”, subrayando además que “este tipo de movilizaciones no ayudan a la negociación.
Hacemos un llamado a los dirigentes a no ponerse nerviosos y respetar los plazos normales que tienen este tipo de negociaciones”.
La autoridad además detalló que en los servicios públicos la jornada fue de casi completa normalidad, ya que más del 95% de los funcionarios se encuentra trabajando regularmente.
En 7 de los 22 ministerios, los trabajadores en paro representan menos del 1%, dijo.
Desde el Congreso Nacional, en tanto, las bancadas de diputados de la Nueva Mayoría junto con respaldar las demandas de los trabajadores del sector público, llamaron al gobierno a hacer una mejor propuesta y lograr un acuerdo con los trabajadores. En ese sentido, el jefe de los diputados DC, Ricardo Rincón, adelantó que la propuesta del gobierno “así como está, no estamos dispuestos a aprobarla (...). la cifra se puede mejorar”, dijo.
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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