En terreno trasladando sacos de alimento o fardos para el ganado, y ayudando a evacuar personas, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Van Treek (57 años), se había transformado en uno de los más personeros más activos en el despliegue del Gobierno en el combate y control de la emergencia provocada por los incendios forestales en distintas regiones del centro sur del país.
Una dinámica que se vio empañada por sus dichos respecto a la posibilidad de estudiar modificaciones a la regulación -incluido un tributo (royalty)- a la industria forestal, lo que abrió un debate y enfrentamiento entre el Ejecutivo y el mundo empresarial que comenzó a subir de tono.
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Tanto así, que la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, optó por intervenir y salió a precisar que en la actual administración no hay más cambios tributarios distintos a los ya están presentados ante el Congreso en el marco de la reforma tributaria. La aclaración, señalan desde La Moneda, fue conversada previamente entre ella y el Presidente Gabriel Boric, como una forma de hacer un control de daños y evitar que siguiera escalando el debate. El objetivo fue intentar no profundizar un flanco con los privados, que han contribuido con cuadrillas, equipos y aeronaves a combatir los incendios.
Por lo demás, Valenzuela se había hecho de las mismas declaraciones del mandatario, quien en un diálogo con la prensa planteó la necesidad de cambios a la normativa.
Pero poco importó en el sector empresarial -donde se reconoció frustración y enojo por el momento elegido- que en cada caso las autoridades hablaran de que se trataba de una discusión para marzo, entendiendo que para entonces ya se habría superado la emergencia.
Poco importó también que hubiera antecedentes a propósito del devastador precedente de Santa Olga, en la región de O´Higgins en 2017, y que Valenzuela hablara desde la tribuna que tuvo en 2014 como presidente de la Comisión para la Descentralización que creó Michelle Bachelet, una instancia que recomendó una serie de medidas para entregar más autonomía y poder a las regiones. Justamente, tal como él lo expuso, ahí surgió la propuesta de un impuesto a la industria forestal.
A ese rol llegó precedido con la experiencia en terreno de haber sido alcalde de Rancagua -es hijo y nieto de trabajadores de El Teniente-, diputado en 2002 y 2010, y un máster en Desarrollo, de la Universidad de Wisconsin, EEUU, como parte de un currículum que incluye periodismo en la Universidad Católica -donde fue vicepresidente de la FEUC-, un magister en Ciencia Políticas y un doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, España.
Bien evaluado en La Moneda, lo que incluye su reciente accionar en la emergencia, trascendió que se le habría recomendado evitar entrar en debates tributarios hasta que la mesa sectorial con la industria forestal sea convocada a fines de marzo para analizar cambios regulatorios.
Política y polémicas
Su casa política ha sido la izquierda, pero el Teo -como le dicen sus amigos- se ha movido. Y si bien hoy es el único ministro de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -de los cuales es uno de sus fundadores y exvicepresidente nacional de la FRVS-, estuvo en el MAPU entre los años 1982 y 1990 para luego transitar al PPD hasta el 2006 y, con posterioridad a Chile Primero. En su más reciente incursión política tiene como principal amigo al diputado Jaime Mulet, ex DC que hoy también integra la FRVS.
Pese a este recorrido -o, quizás, a propósito del mismo- su llegada al Gobierno no estuvo exenta de polémica. No gustó su nombramiento como ministro en algunos sectores de la FRSV. De hecho, la senadora por esa colectividad, Alejandra Sepúlveda, fue clara en señalar, en ese entonces, que “es una bellísima persona, pero creo que no reúne las condiciones técnicas para haber sido nombrado ministro de Agricultura. Si bien él es de la Federación, no era la propuesta de ministro de Agricultura que había hecho el partido. De todas maneras, le deseamos que le vaya muy bien”.
Las tensiones internas en esa colectividad se calmaron cuando se designó como subsecretario de Agricultura a, José Guajardo Reyes, un cercano a Sepúlveda.
Antes de asumir como ministro, Valenzuela saltó a la primera línea de la opinión pública al revelarse un video donde se le veía agrediendo verbalmente a un cuidador de un terreno agrícola. La querella por invasión de morada fue retirada, mientras el ahora secretario de Estado señaló que estaba constatando denuncias de tala ilegal de bosque nativo. En definitiva, ofreció una disculpa pública por lo sucedido.
En otro evento ya como integrante del gabinete, llamó en medio del paro de camioneros del año pasado a que “los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está afectando al país”. Luego rectificó afirmando que “usamos palabras fuertes, creo que me equivoqué…la verdad es que el imbécil fui yo”.
También el ministro ha recibido “fuego amigo” desde el oficialismo donde a mediados del año pasado lo acusaron de utilizar esa cartera como plataforma electoral y para fortalecerse en su partido. Valenzuela descartó las acusaciones y no fue candidato a gobernador como algunos pensaron.
Desde su cartera ha sido activo y ha tenido un rol protagónico -a través del Servicio Agrícola Ganadero (SAG)- desde que anunciara medidas para regular las parcelaciones rurales, de forma de evitar loteos en áreas rurales que podrían estar vulnerando la normativa vigente. El objetivo -ha mencionado- es que no se asuma que son terrenos con fines agrícolas, cuando en la práctica su norte es un uso habitacional.
Una iniciativa donde ha sumado fuertes detractores. De hecho, en diciembre pasado, el gremio de parceleros, agrupados en Chile Rural, denunció al ministro por desacato y pidió una orden de arresto en su contra y también contra otros directivos del SAG por incumplir la medida precautoria tomada por el 7° Juzgado Civil fines de noviembre, que suspendió temporalmente el instructivo que endurecía los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales.
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