La Fiscalía Nacional Económica (FNE) archivó la investigación al mercado de procesamiento de baterías en desuso, que abrió a mediados de octubre en virtud de una denuncia en contra de Recimat, la única planta en el país que procesa este tipo de residuos.
En el informe de archivo que fue comunicado a fines de la semana pasada a las partes involucradas, el titular del organismo, Felipe Irarrázabal, indica que “no se pudo concluir que dicha empresa haya incurrido en un abuso de dicha posición”, haciendo referencia a al rol dominante de la firma.
Añade que hay diversos factores que pueden explicar y/o justificar la conducta de la firma, tales como cambios en la estructura del mercado e inversiones recientes efectuadas por la empresa cuestionada en su planta de tratamiento.
“La resolución ha demostrado que nuestra gestión en la valorización de residuos peligrosos se realiza con respeto a las reglas de la libre competencia, en un mercado que se ha ajustado por las exigencias ambientales que tiene Chile y que son cada día más elevadas, lo que es bueno porque resguardan la salud de la población”, dijeron en RAM, que controla la planta cuestionada.
El fiscal nacional económico, que por estos días ha estado cuestionado por su proceder en torno a la investigación de la colusión de las papeleras, explica en el punto siguiente del informe que constataron que la capacidad de procesamiento a nivel local es insuficiente para tratar la totalidad de las unidades que dejan de usarse y plantea que esto se debe a la existencia de barreras de entrada de tipo legal, donde además de los requerimientos medioambientales y sanitarios exigibles a este tipo de instalaciones, pesa la prohibición reglamentaria de exportar estos residuos para su tratamiento, lo que en el mediano plazo impedirá “lograr que este mercado opere de manera más eficiente”.
Permitir exportaciones
A raíz de lo anterior la FNE recomienda a la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Salud, derogar el polémico Decreto Supremo que desde 2010 prohíbe la salida de las baterías en desuso, cuya concepción está siendo investigada por la Contraloría General de la República y habría derivado en un sumario al interior de la secretaría de Estado.
Esta sugerencia se basa en la posibilidad de que en el mediano plazo “las externalidades negativas que genera la falta de competencia en este mercado puedan agravarse” una vez que entre en vigencia la ley de reciclaje, que extiende al productor la responsabilidad de tratar los residuos que generan.
Otro punto que agrega la FNE es la necesidad de regular este tipo de envíos para que estos se ajusten a lo establecido en convenios internacionales vigentes, como el de Basilea, que plantea una serie de requisitos que deben cumplir los países a los que se pretenda dirigir estas exportaciones.
En Chile no se fabrican baterías, por lo que este mercado está integrado por importadores.
Telecos apoyan separar planes de telefonía móvil
La FNE decidió ayer recomendar a la Presidenta de la República que, a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, adopte una serie de medidas legales y reglamentarias para fomentar la libre competencia en esta industria.
Las medidas adoptadas son estructurar el financiamiento de los equipos móviles de manera separada e independiente del plan de telefonía; poner a disposición de los usuarios toda la información técnica y comercial de la compra de un equipo y el servicio, y fomentar las herramientas de recuperación de los montos del financiamiento de los equipos móviles, a través de un banco de morosidades.
El gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, Manuel Araya, aseguró que "esto es sumamente importante, ya que hace dos años, cuando se inició esta investigación, la tecnología 4G no se había desarrollado aún en el país y hoy ya tenemos cinco millones de clientes con terminales 4G que, sin la alternativa de financiamiento que les ofrecíamos, probablemente no habrían podido comprar el equipo, con el consiguiente retraso que esto habría implicado para el desarrollo del sector".
Otras fuentes de la industria aseguraron que lo más destacable de la medida es que se podrá crear una banco de clientes de morosidad, "lo que es una mejorar sustantiva para el sector".
Todo esto surgió luego que la FNE decidiera archivar la investigación sobre la adquisición de terminales móviles en conjunto con planes de servicios de telefonía móvil, a partir de una denuncia recibida.
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