La búsqueda y producción de hidrocarburos en la Región de Magallanes por parte de privados podría decaer, a raíz del conflicto que una de las dos únicas empresas que siguen en esa zona mantiene desde el año pasado con ENAP y que ahora escaló al Ministerio de Energía.
Trascendió que en enero la cartera que dirige Andrés Rebolledo decidió activar el proceso judicial para anular el Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) que la neozelandesa Greymouth, a través de su filial Petromagallanes, firmó con el Estado para la exploración y explotación del bloque Caupolicán.
Esta área, junto a los bloques Coirón, Brótula y Dorado-Riquelme, fueron catalogados por el servicio geológico de Estados Unidos (USGS) como la de mejores reservas de entre las 16 zonas que hace más de una década fueron licitadas.
Las acusaciones mutuas de incumplimientos en las diversas fases de exploración que deben cumplirse a lo largo del CEOP y que requieren inversiones, derivaron primero en un arbitraje ante el ICC (Corte Internacional de Comercio).
Posteriormente, el Ministerio de Energía (en su calidad de contraparte del convenio) le dio 90 días a la sociedad para oficializar si seguiría adelante con la fase de explotación, especificando las zonas donde debía hacerlo.
Conocedores del tema comentaron que como en ese plazo no hubo una comunicación formal, en enero la cartera decidió que activaría la anulación del CEOP, para lo cual tiene que presentar una demanda civil.
Otras fuentes añadieron que esta acción aún no habría sido presentada y que pese a que la neozelandesa le habría indicado a ENAP su intención de pasar a la siguiente fase, declarando al yacimiento comercialmente explotable, esto no habría sido puesto en conocimiento del ministerio.
La negativa de Petromagallanes a explotar las reservas de hidrocaburos de tipo no convencional, que es una de las prioridades que ENAP tiene en la Región de Magallanes y requiere una tecnología más compleja, sería una de las principales diferencias entre los socios, dicen en la industria.
En algún punto de este proceso, la canadiense Methanex fue parte de la sociedad, con un 20% del bloque, pero declinó pasar a la segunda fase de exploración que considera el convenio con el Estado.
Se estima que el arbitraje ante el ICC podría resolverse hacia fines de 2018 y que la demanda civil tomaría unos siete años. Mientras, el bloque permanecerá inactivo.
Geopark va a la Contraloría
En paralelo, Geopark Fell, que opera otro de los bloques que fue adjudicado a privados en la subasta de 2007, acusó ante la Contraloría General de la República la negativa del Ministerio de Energía a comprar los hidrocarburos, específicamente el petróleo, que ellos extraen y producen en esa área específica, a modo de retribución por lo establecido en su respectivo CEOP.
En el dictamen, donde el organismo liderado por Jorge Bermúdez le da la razón a la secretaría de Estado, se explica que pese a que el contrato establece que ante falta de acuerdo la discrepancia puede ser sometida ante un experto, la opinión que éste entregue no constituye un arbitraje, por lo que no es vinculante y que el Estado tiene un derecho de comprar y no una obligación.
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