La complejidad en el acceso efectivo a los terrenos fiscales donde se emplazan proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) es hasta ahora una de las principales trabas para el acceso a financiamiento por parte de estos desarrolladores.
A mediados de marzo, en el marco de la cena anual de Acera, el gremio que agrupa a estas generadoras, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, anunció el perfeccionamiento del sistema de concesiones, el cual recogería buena parte de los planteamientos efectuados por este sector, sin afectar el interés fiscal, pero “contribuyendo de mejor manera al desarrollo sostenible de esta actividad”, dijo en esa oportunidad, cuando también agradeció “la buena disposición” de su par, Nivia Palma, para introducir estos cambios.
Las adecuaciones apuntan principalmente a elevar los plazos de 24 ó 48 meses para construir los proyectos, así como una baja de las garantías para acceder a los terrenos y de las multas por incumplimiento. Todos estos elementos se justificaban hace algunos años, cuando la penetración de las ERNC era aún incipiente y al mismo tiempo se buscaba evitar la especulación, dicen en la industria. Ahora, añaden, estas tecnologías han probado su capacidad y se aprestan a tener un crecimiento importante en la matriz.
Buena parte de los proyectos de este tipo están ubicados en propiedades fiscales, cuya transferencia, dicen en el sector, está pendiente con todo lo que ello implica técnica y financieramente, ya que estos proyectos deben cumplir contratos de suministro, en algunos casos, para abastecer a clientes regulados.
Nuevo instructivo
Es así que transcurridos casi dos meses del anuncio del titular de Energía, la cartera de Bienes Nacionales optó por un cambio más profundo y dictó una nueva orden ministerial, vigente desde el viernes y que regirá para las nuevas concesiones y aquellas ya otorgadas.
“Efectivamente varias solicitudes de prórroga de concesión están pendientes, pero las teníamos así para evitar activar la multa que les correspondía por estar en situación de incumplimiento si se les aplicaba la orden ministerial 6 que estaba vigente. Detuvimos todo para poder proceder con la orden ministerial 7 que regirá desde el viernes (pasado). Aunque inicialmente pensábamos modificar la orden 6, llegamos a la conclusión de que dada la complejidad jurídica del instrumento era mejor hacer uno nuevo ”, explicó la ministra Palma la semana pasada.
En concreto, añadió, el nuevo procedimiento otorga diez años para que un desarrollador construya su proyecto y además establece una rebaja sustancial de las garantías que estas empresas deben entregar en las distintas etapas de construcción, como operación de las centrales, que en su mayoría corresponden a parques eólicos o granjas solares. Estos montos eran altísimos, planteó la autoridad.
“El trabajo conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales nos permitirá acelerar la tramitación de permisos para la instalación de nuevos proyectos de ERNC en terrenos del Estado. A la fecha, poco más del 77% de los proyectos solares que se han desarrollado están ubicados en terrenos fiscales, lo que es una muestra de la importancia que puede alcanzar la cooperación público privada en este tema”, precisó Rebolledo.
El director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, se mostró satisfecho con las modificaciones, las que “en lo medular recogen nuestros planteamientos porque son una mejora que permitirá que las ERNC puedan seguir compitiendo en el margen de eficiencia que han mantenido, reduciendo los riesgos y los costos de este sector”, puntualizó.
CAMBIOS AL SISTEMA
Extensión de plazos La concesiones una vez en operación los proyectos se extienden de 30 a 35 años. Los períodos de estudio y construcción en conjunto se extenderán por 10 años.
Rápida respuesta El ministerio tendrá 30 días para rechazar o pedir más antecedentes para resolver la solicitud de terreno por parte de un privado. Estos se adjudicarán mediante licitación pública y excepcionalmente, en forma directa.
Multas y garantías Se elimina el pago por incumplimiento que el titular del proyecto debía hacer en caso de prorrogar la concesión. La garantía del fiel cumplimiento será equivalente al 25% del valor comercial durante la fase construcción y se elevará a 50% posterior a ésta.
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