La comisión de Hacienda del Senado rechazó ayer uno de los puntos clave del proyecto de ley del Ministerio de Energía para regular la distribución de gas por redes.
Si bien despachó con voto favorable la iniciativa en general, por tres votos en contra, frente a dos a favor, la comisión no aprobó el artículo que excluye el pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) previo a realizar la fijación tarifaria si una distribuidora excede la tasa de rentabilidad establecida.
El modelo del gobierno plantea que en forma automática se proceda a la fijación de precios si una empresa supera el nivel de rentabilidad fijado.
Ahora la iniciativa pasará a la Sala de la Cámara Alta, con el informe desfavorable de la comisión de Hacienda respecto de ese punto y otro relativo a la aplicación del Mepco.
La semana pasada, a solicitud del senador Eugenio Tuma (PPD), la comisión de Hacienda incluyó la exclusión del TDLC entre los artículos sobre los que iba a pronunciarse y ayer votó la iniciativa, que a lo largo de todo su trámite no ha estado exenta de cuestionamientos, al punto que en la Comisión de Minería y Energía su aprobación no fue unánime.
Factor Intergas
Intergas, una de las empresas del sector que presta servicios en la Región de La Araucanía, ha sido una activa detractora de esta legislación, que además, plantea revisar a la baja la tasa máxima de rentabilidad para las instalaciones existentes que estas distribuidoras pueden obtener.
En ese sentido, de acuerdo con los registros de la Ley del lobby del Senado, a fines de septiembre el diputado Tuma recibió la visita del presidente de esta firma, Stefano Garilli, que junto al gerente general de la firma, Rodrigo Larrondo, le planteó al congresista el impacto negativo que esta legislación tendría para su inversión.
Explicaron que tras las indicaciones presentadas al proyecto, persisten los factores que los afectan y al respecto, en su solicitud de audiencia, plantearon a Tuma que “de no resolverse este problema en Chile, los accionistas de Intergas se verán obligados a recurrir a instancias internacionales para defenderse”, amenaza que ya habían planteado públicamente.
Otras firmas del sector, como CGE, se reunieron con senadores, pero sin hacer mención a esta legislación.
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