En el marco de su exposición ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que analiza la Reforma al Código de Aguas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, advirtió de su grave impacto económico para el Fisco en caso de convertirse en ley.
"Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$ 27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso", afirmó.
Entre sus cálculos, el líder del agro detalló que "el Estado debiera destinar solo US$ 17 mil millones a cancelar las indemnizaciones a los propietarios de derechos consuntivos expropiados a los agricultores, sin contemplar lo que correspondería pagar por ese concepto a otros sectores como el industrial, la minería, las sanitarias e hidroeléctricas".
Según Crespo, a esto se sumarían otros US$ 400 millones que se gastarían en la adecuación de la distribución de derechos, ya que al aprobarse el proyecto sería necesario rediseñar la infraestructura del sistema al establecer una diferenciación del aporte al caudal ecológico entre grandes y pequeños propietarios.
Asimismo, el sector público debiera asumir el costo de la gestión de la distribución que hoy manejan los privados, lo que representaría un valor de US$ 2.480 millones por año, según un estudio realizado recientemente por la Dirección General de Aguas.
Respecto a este tema, Crespo dijo que "al asumir el sector público la distribución, podría ser necesario expropiar toda la red actual constituida por servidumbres privadas, lo que implicaría un gasto de US$ 7.000 millones".
Daño al agro
El timonel de la SNA explicó también las negativas consecuencias que traería la aprobación del proyecto para el sector agrícola, lo que generaría un efecto perjudicial para las arcas fiscales. "Al establecer la caducidad de los derechos a 30 años se producirá una severa afectación del valor comercial de las propiedades explotadas y de la certeza jurídica para invertir a largo plazo", dijo.
A su juicio "habrá un fuerte impacto en la valorización de los activos privados agrícolas, que caerían en US$13.800 millones, lo que además restaría ingresos públicos al disminuir la recaudación del impuesto a los Bienes Raíces. También se generaría una restricción en el acceso a financiamiento bancario, debido a la baja en la tasación de las garantías reales, que presentarían una pérdida del 40% de su valor comercial".
Crespo concluyó que "estamos ante un proyecto inconstitucional, que busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, cambiando radicalmente su naturaleza jurídica. Hablemos claro, es una expropiación encubierta de esos derechos, sin fijar la indemnización que corresponde. Los agricultores de Chile no aceptaremos un nuevo despojo de nuestros derechos".
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