El Consejo Regional de Pescadores Artesanales (COREPA), representada por Jorge Bustos y Héctor Morales, presidente y secretario general de la entidad respectivamente, presentaron una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco contra todos los que resulten responsables por el escape de cerca de 900 mil salmones de la empresa Marine Harvest Chile S.A, debido a los graves efectos que esto tendrá sobre la salud de las personas, el medio ambiente y el ecosistema marino de Los Lagos.
"Es importante dar una señal desde la justicia por los efectos negativos que las salmoneras están teniendo en la zona. No pueden seguir quedando impunes los escapes de salmones que se han vuelto una práctica habitual, donde las fiscalizaciones o sanciones no tienen ningún efecto real", sostuvo Bustos.
A respecto, Héctor Morales recordó que un informe del Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Ambientes Costeros (Centro I-Mar) de la Universidad de Los Lagos, señala que el nivel potencial de escape de salmones en el país alcanza los 4,4 millones al año, con un efecto depredador sobre las especies nativas que podrías llegar a 31.500 toneladas de peces y más de 17 mil toneladas de crustáceos. "Si eso no es un grave problema, no se entiende porqué la demora del Gobierno en tomar cartas en el asunto y dejar de tener solo medidas parche".
La querella indica que los salmones fueron tratados con antibióticos, los que son absorbidos por los músculos del pez y un porcentaje liberado al ambiente marino a través de la orina y las fecas (entre 40% y 90%), con el potencial efecto sobre el medio ambiente y la salud humana. En este punto el estudio de Centro I-Mar, postula que las consecuencias estarían dadas por la posible diseminación de la resistencia a los antibióticos, a través de la liberación de resistencia bacteriana en el ambiente.
Delito
En La Ley de Pesca y Acuicultura este delito está tipificado en el Art. 87, en el que se señala que deben estar contempladas medidas para evitar el escape de ejemplares exóticos, agregando en el Art. 118 de la norma que "se presumirá que existe daño ambiental de conformidad con la Ley Nº 19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en un plazo de 30 días contados desde el evento, prorrogables por una vez en los mismos términos".
Respecto a la pena, la Ley de Pesca y Acuicultura en su Art. 136 sanciona con multas que van desde las 50 a 3 mil UTM y de considerarse que hubo dolo se aplica presidio menor en su grado mínimo.
Los dirigentes lamentaron que las penas para un delito que causa grave daño a las personas y el medio ambiente sean tan bajas. "La Ley de Pesca debe cambiar, acá vemos un nuevo ejemplo de cómo protege a las empresas, porque en Los Lagos serán miles las personas afectadas en su salud y en sus fuentes de trabajo. En cambio las empresas tendrán una multa que no superará los 143 millones de pesos y jamás verán la cárcel", indicó Bustos.
En el escrito los dirigentes solicitaron una serie de diligencias que apuntan a que el tribunal recabe la mayor cantidad de información y se solicite a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones, una orden amplia de investigar.
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