Hace un año, una investigación periodística sacó a la luz una serie de malas prácticas que estaba realizando la salmonera de capitales noruegos Nova Austral respecto de las cifras de mortalidad de sus peces, incluyendo una doble contabilidad respecto de la que se informaba a la autoridad.
El caso, junto con desatar una reestructuración de la plana ejecutiva de la compañía y la implementación de nuevas medidas de cumplimiento, llevó al Consejo de Defensa del Estado a interponer a fines de abril de este año una querella contra una serie de exejecutivos de la salmonera, incluyendo a quien fuera su gerente general, Nicos Nicolaides, junto a Arturo Schofield, Drago Covacich, Rigoberto Garrido, Isaac Aaro para que se investiguen los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, previsto y sancionado en el artículo 470 n°8 del Código Penal.
Pero a fines de mayo, el CDE pidió ampliar la querella criminal a la empresa. “Conforme hemos referido, Nova Austral -como empresa beneficiaria- tiene la obligación de ceñir su establecimiento y actividad a una racional utilización de los recursos naturales, asegurando la preservación de la naturaleza y del medio ambiente”.
Esto, se suma a otras investigaciones que están llevando adelante organismos especializados como la Superintendencia de Medio Ambiente, aunque en este caso podría afectar las bonificaciones que ha recibido la empresa.
Retención de bonificaciones
Junto con dar trámite a la causa, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir decidió decretar la retención del pago de las solicitudes de bonificación acorde a la Ley Navarino, que bonifica actividades en zonas extremas y aisladas ubicadas dentro de la región de Magallanes. Esto implica que la empresa mantiene en stand by $ 6.953 millones, correspondientes al beneficio por ventas producidas entre septiembre y noviembre de 2020.
La medida había sido solicitada por el CDE para “asegurar bienes bastantes para que los imputados puedan responder del resultado del juicio y al mismo tiempo evitar un aumento al perjuicio sufrido por el erario fiscal”.
Entre los argumentos emanados por el Fisco, señala -según los escritos- que Nova Austral, “al menos desde el año 2016, ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante no haber ceñido su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación, al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región, preservando la naturaleza y el medioambiente, ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, proporcionó información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino”.
Además, se detalla que entre 2016 y 2019 la empresa ha recibido bonificaciones por $ 59.580 millones.
La medida no tardó en ser apelada. Consultada la empresa, señaló que "esta precautoria en ningún caso suspende la calidad de beneficiario de la Ley Navarino que tiene la empresa. Solo se retuvo el pago de los últimos cuatro meses de 2019, y estamos confiados en que vamos a revertir esa medida precautoria en la Corte de Apelaciones a la brevedad posible".
Greenpeace reaccionó mediante un comunicado respecto al paso que dio el CDE y señaló en un comunicado que “el problema de fondo es que resulta un sinsentido que el Estado bonifique a una industria que genera daños y perjuicios sobre el territorio, con recursos de todas las chilenas y chilenos que podrían ser destinados por ejemplo, a la construcción de hospitales”.
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